El creciente mercado ilegal de gases refrigerantes, lastre para la industria del frío y freno para los objetivos medioambientales

Quedan años todavía para cumplir con el objetivo de reducción marcado para 2030, sin embargo, hemos de abordar una serie de medidas efectivas y severas con las que atajar un comercio ilegal que no solo merma los esfuerzos reguladores de los gobiernos europeo y estatales, sino también los esfuerzos de las compañías en I+D para desarrollar alternativas más sostenibles con las que reemplazar los HFC. Estos gases se usan para la refrigeración de los supermercados y la industria, extintores, aerosoles y aislantes, aires acondicionados en coches, casas, hoteles y hospitales, entre otros, así como en bombas de calor. No son inflamables ni tóxicos, no reducen la capa de ozono y son energéticamente eficientes, pero estamos desarrollando alternativas más sostenibles y hemos hecho posible la transición para lograr un avance medioambiental.

Implicaciones del tráfico ilegal de los HFC más allá de la industria del frío

Hablar de las implicaciones del tráfico ilegal nos lleva a especificar antes en qué casos se considera que una importación de estos gases es ilegal. La investigación llevada a cabo por la firma independiente Kroll revela la complejidad de este tráfico y las múltiples maneras en cómo los HFC cruzan las fronteras europeas. A través de una investigación promovida por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC), la firma Kroll ha realizado un seguimiento de las 228 denuncias de actividades ilegales recogidas a través de la Línea de Reporte (Action Line, en inglés), un canal anónimo creado por el EFCTC para fomentar las denuncias de importaciones ilegales de gases fluorados.

Según los resultados que hasta ahora arrojan estas investigaciones, entre las principales vías o fórmulas detectadas para la entrada ilegal a los mercados europeos están el desvío de mercancías en los transbordos -que consiste en declarar los HFC como producto para ser transbordado a través de la UE hacia otros destinos para, finalmente, comercializarlo de forma ilegal en los países de la UE pero fuera del sistema de cuotas-; el abuso de las cuotas por parte de titulares y nuevos operadores, debido a que el importador no dispone de cuota suficiente para cubrir sus importaciones; el contrabando abierto de mercancías declaradas en aduanas en las que el importador no tiene cuota; o bien la comercialización de productos falsificados y prohibidos.

Las implicaciones de este comercio ilícito suponen un lastre para la industria del frío. Optar por la decisión barata de importar un gas de manera ilegal no solo tiene unas implicaciones medioambientales, sino también económicas, al eludir la fiscalidad que les correspondería. Además, suponen un desincentivo para el reemplazo de los equipamientos por otros que funcionen con tecnologías más sostenibles, una compra que se pospone con el consecuente impacto en los fabricantes de dicho equipamiento -a los que se suma el derroche de esfuerzos por parte de los productores para desarrollar nuevas soluciones-.

Es revelador leer datos como el que apunta el informe publicado por la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés) en 2019 -Doors Wide Open: Europe’s fluorishing trade in hydrofluorcarbons-, según el cual un 83% de las empresas preguntadas habían tenido constancia o sospechas de comercio ilegal de HFC, mientras que un 72% había visto o le habían ofrecido refrigerantes en cilindros desechables, actualmente ilegales en Europa.

La reciente investigación de Kroll ha logrado reunir pruebas sobre un total de al menos 3.000 toneladas de HFC ilegales, que podría ser equivalente a 4,7 millones de toneladas de CO₂ o, lo que es lo mismo, a las emisiones generadas por conducir más de 3,5 millones de coches nuevos durante un año. Y si atendemos a las cifras de la organización independiente EIA, en 2018 el volumen de HFC ilegales representó la introducción en Europa del equivalente a 16,3 millones de toneladas de CO₂. Una cifra que supone más del 16% de las cuotas de 2018 y del total de emisiones de CO₂ de un país como Eslovenia.

Más allá del impacto medioambiental y económico, cabe tener en cuenta la seguridad y calidad del producto. Cuando no es posible garantizar el origen y la calidad de dicho producto, se hace difícil garantizar la seguridad tanto en lo relativo a la composición, tipo de almacenamiento o fiabilidad en el uso en los equipos.

A la vista de las dimensiones de este comercio ilícito de HFC, desde el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos -conocido por sus siglas en inglés EFCTC y perteneciente al Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química (CEFIC)-, urgimos a tomar las medidas necesarias para atajar estas importaciones ilegales y poner los recursos con los que asegurar la transición hacia soluciones más sostenibles. Esto incluye reforzar las herramientas con las que asegurar el cumplimiento de la F-Gas, fortalecer el control en las aduanas y garantizar la monitorización y trazabilidad de los gases HFC, entre otros. Y pasa, ineludiblemente, por la colaboración público-privada y la implicación de todos los actores que forman parte de esta cadena.

Más información en: https://stopillegalcooling.eu/es/.