Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero: dejamos de incentivar la sostenibilidad

En este estado de cosas, el Gobierno prepara una extensión del IGFEI hacia la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas. La medida supone un encarecimiento de en torno al 10 por ciento de las nuevas instalaciones de refrigeraciónen establecimientos de hostelería y pequeño comercio, entre otras, y en las instalaciones de aire acondicionado doméstico y comercial. El sector del frío tiene un alto impacto en sectores productivos muy importantes para la economía española, significativamente la totalidad de la cadena agroalimentaria –desde la producción a la distribución pasando por la logística y el transporte refrigerado- y el turismo –incluyendo la hostelería-. La competitividad de estos y otros sectores como el automovilístico o el farmacéutico -grandes usuarios de frío- puede verse seriamente afectada con los nuevos costes que anuncia el impuesto. Estos se suman, además, a los altos costes que el sector productivo viene asumiendo con la pandemia Covid y la actual situación inflacionista derivada de la crisis de las materias primas y de la energía.

La extensión del impuesto situaría a España como el primer país de la Unión Europea en penalizar la mera compra/venta de gases fluorados refrigerantes en lugar de las emisiones propiamente dichas. De hecho, en los últimos años, la industria ha hecho grandes esfuerzos para diseñar sistemas frigoríficos que eviten al máximo las fugas de gases refrigerantes a la atmósfera, así como para fomentar la reutilización y reciclaje de los mismos siguiendo conceptos de economía circular.

"Con la legislación en la mano, cabe preguntarse si el nuevo impuesto que prepara el Gobierno es realmente medioambiental o solo persigue un efecto recaudatorio sobre un sector como el del frío"

Este impuesto es, además, redundante porque en la Unión Europea ya existe un Reglamento de Gases Fluorados (Reglamento Europeo UE 517/2014 –FGas-), quizá el más avanzado del mundo, que establece un exigente calendario de reducción y eliminación de gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico. En cumplimiento de esta legislación la industria del frío ha realizado grandes avances en la migración hacia gases refrigerantes de menor potencial de calentamiento global.

De hecho, el 1 de enero de 2022 entraron en vigor nuevas prohibiciones de comercialización que afectan a unidades multicompresoras para uso comercial de nueva instalación. En el año 2025 las restricciones alcanzarán también a los nuevos sistemas simples de aire acondicionado que contengan menos de 3 kg de gases refrigerados de PCA igual o superior a 750.

Por lo tanto, con la legislación en la mano, cabe preguntarse si el nuevo impuesto que prepara el Gobierno es realmente medioambiental o solo persigue un efecto recaudatorio sobre un sector como el del frío que registra pleno empleo y que tiene un impacto muy importante sobre otros que representan alrededor del 40 por ciento de la economía española, en un momento en que compartimos con el Gobierno los objetivos de descarbonización y que el frío es un factor que puede contribuir a que las empresas usuarias alcancen sus propios objetivos climáticos.

En este sentido, uno de los grandes retos que tenemos por delante es la transformación y modernización del parque de instalaciones existentes en España, que cuantificamos alrededor de un 20 por ciento, cerca de 6.000 centros que aún funcionan con gases de más 1.500 PCA, y que el 30 por ciento del gas que consumimos es para mitigar las emisiones de los mismos. El sector se quedará sin motivación para incentivar ese cambio, debido a la perdida de exención a la renovación tecnológica y a instalaciones con gases más sostenibles. La consecuencia será la desaceleración de la inversión en el sector, con afección en la actividad de fabricantes y empresas instaladoras.