El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España ha constatado el buen momento que atraviesa el sector renovable. Con un crecimiento real del 15,6% en 2019 hasta los 12.540 millones aportados al PIB, las energías renovables generaron más de 95.000 empleos. Las exportaciones ascendieron a 4.273 millones, con un saldo exportador positivo de 1.186 millones. Los ahorros de la electricidad renovable, las renovables térmicas y los biocarburantes superaron los 8.702 millones en importaciones fósiles y 1.017 millones en concepto de derechos de emisión. A nivel eléctrico, recibieron 5.732 millones de retribución específica y abarataron el mercado eléctrico en 4.365 millones.

La “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” (ELP 2050) ya está lanzada y responde a los compromisos de España como Estado miembro de la Unión Europea y con el Acuerdo de París. Marca la senda para lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia económica y de generación de empleo.

La ELP se alinea con el aumento de ambición climática a nivel internacional liderado por la Unión Europea, que aspira a ser el primer continente neutro en emisiones en 2050. La Comisión Europea apuesta por incrementar el objetivo europeo de reducción de emisiones a 2030, pasando de al menos un 40% respecto a 1990 a un mínimo de un 55%.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abre plazo (hasta el 9 de noviembre) para presentar alegaciones sobre la Estrategia de Almacenamiento Energético al objeto de recabar observaciones y contribuciones al documento final. 

Dicha estrategia aborda el análisis técnico de las distintas tecnologías y soluciones para el almacenamiento de energía, la diagnosis de los retos actuales que enfrenta su despliegue, el análisis de su cadena de valor para establecer las herramientas necesarias para reforzar la competitividad de la industria nacional, las líneas de acción para avanzar en el cumplimiento de los objetivos previstos y las oportunidades que supone el almacenamiento para el sistema energético y para el país.

El Consejo de Ministros ha aprobado la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”. Con esta planificación, el Gobierno impulsa el despliegue de este vector energético sostenible, que será clave para que España alcance la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050. El desarrollo del hidrógeno renovable incentivará la creación de cadenas de valor industrial innovadoras, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de alto valor añadido.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 medidas y fija objetivos nacionales –alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno– a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte pesado propulsados por este producto.

Un porcentaje de más del 37% del total del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española se destinará al concepto inversión “verde”, mientras que a la digitalización se le ha adjudicado cerca del 33%. Y, tal y como en su momento ya se había apuntado, se estructurará en torno a cuatro transformaciones: la transición ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. En este marco de actuación, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó que se ha tomado la decisión de adelantar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, la cantidad de 27.000 millones de euros con el fin de acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en que éstos se aprueben.

Un Plan que está previsto que guíe la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, desencadenando el desarrollo de lo que el Gobierno ha denominado como la segunda gran modernización de la economía española.Inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas movilizará en tres años el 50% de los recursos con que cuenta España derivados de la iniciativa Next Generation EU. Y para ello focalizará la mirada hacia las prioridades de los fondos europeos de recuperación. El Fondo de Recuperación Europeo dota de dos instrumentos a partir de los cuales poder vehicular los recursos. Por una parte, está el denominado Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, que concentra el grueso con 59.000 millones en transferencias y, por otra parte, el REACT-EU, que posibilita financiación por un importe de 12.400 millones.

El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), junto con los centros tecnológicos CARTIF, IKERLAN, AICIA e ITG , forman la red HySGrid+, una alianza tecnológica española para desarrollar soluciones para comunidades energéticas locales de balance neto positivo.

Fortalecer la capacidad tecnológica y fomentar una sólida cooperación entre los cinco centros tecnológicos de excelencia que integran la red con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas que faciliten el despliegue de comunidades energéticas locales de balance neto positivo. Ese es el principal foco de trabajo de este consorcio tecnológico liderado por.  Los resultados obtenidos por la red HySGrid+también contribuirán a desarrollar un marco regulatorio, de certificación y estandarización que permita impulsar este nuevo modelo energético en España.

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado las primeras convocatorias del paquete, dotado inicialmente con 316 millones de apoyo público, para financiar proyectos innovadores de tecnologías renovables. Estas primeras convocatorias, acordadas con las comunidades autónomas, asignarán más de 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones: Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. 

Con ello se movilizará una inversión privada adicional de unos 551 millones, generando empleo local, y eliminará más 712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Este verano debería ser recordado no solo por los rebrotes del coronavirus sino también por la proliferación de propuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha. Su relación impresiona si se compara con la agostidad de anteriores gobiernos: real decreto ley 23/2020 para impulsar las energías renovables, el almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de renovables, proyecto de ley de subastas, metodología de peajes, estrategia de autoconsumo, estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP), decreto de acceso y conexión, hoja de ruta del hidrógeno. Adelantan cuestiones planteadas en la ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, y la trasposición parcial de las directivas europeas del “paquete de invierno".

Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa y Emilio López Carmona, consejero delegado de una empresa nacional de bioenergía esperan que las medidas propuestas en el reciente Real Decreto-ley para impulsar las energías renovables aprobado el 23 de junio, reconozcan el valor que aportan las plantas de biomasa al sistema eléctrico. Díaz, considera el Real Decreto “un importante paso en la dirección correcta hacia una economía más sostenible”, aunque, puntualiza, “su eficacia para alcanzar los objetivos que plantea dependerá del desarrollo normativo posterior”.

El Gobierno ha presentado a la Comisión Europea el segundo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). Los planes integrados tienen como meta el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015 para reducir las emisiones de GEI un 40% en 2030 sobre la base de 1990. La Comisión Europea acaba de abrir una consulta pública para presentar en septiembre un objetivo más elevado, hasta el 50% o 55% de reducción. La propuesta ha sido defendida por España desde la COP 25; sin embargo, el objetivo del PNIEC presentado a Bruselas se queda en el 23%.

El esfuerzo de reducción de emisiones se reparte entre los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión, que disminuirán sus emisiones un 61%, mientras que los sectores difusos lo harán en un 39%. Dentro de los sectores difusos destaca el esfuerzo en movilidad, transporte y edificación. Alcanzar un 39% de reducción de emisiones en los sectores difusos es el objetivo más exigente del PNIEC, pero no cuenta aún con medidas adecuadas al carecer de estrategias de rehabilitación energética de los edificios y de movilidad eléctrica.

Genera ha cerrado sus puertas con gran éxito de asistencia y participación, y con la tecnología solar como máximo exponente. Uno de los puntos fuertes del evento, celebrado en Ifema entre el 5 y el 7 de febrero, ha sido la organización de un amplio abanico de jornadas técnicas y profesionales (cerca de medio centenar) en las que han participado una veintena de asociaciones en diferentes foros temáticos.

El autoconsumo ha sido uno de los temas estrella de esta edición. Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2019 se instalaron en España 459 MW de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo, lo que supone duplicar la potencia instalada el año anterior. Además de eliminar algunas barreras económicas y administrativas, el nuevo marco normativo ha abierto la puerta al autoconsumo compartido y a que los autoconsumidores puedan recibir una compensación económica por los excedentes de energía que viertan a la red. Aunque desde la asociación señalan que “aún queda mucho por hacer”, lo cierto es que los beneficios que el autoconsumo aporta en términos de reducción de costes energéticos y en un aumento de la sostenibilidad, “favorecerán, sin duda, su despliegue”.