El MITECO invertirá 316 millones de euros para apoyar proyectos innovadores en renovables

El Boletín Oficial del Estado (BOE)  ha publicado dos bases reguladoras para la concesión de 246 millones de euros en ayudas a proyectos renovables a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Estas líneas se complementarán con dos próximas convocatorias específicas para la promoción de proyectos renovables en Illes Balears, con un presupuesto de 20 millones de euros; y Canarias, donde se destinarán otros 54 millones de euros. En los dos últimos años, y con el objeto de eliminar barreras ligadas a la insularidad en la integración de renovables, el Gobierno ha destinado 140 millones al impulso renovable en ambos archipiélagos.

Este conjunto de convocatorias, alineadas con las prioridades marcadas por la Unión Europea de cara a la reactivación económica frente al COVD-19, favorecerán la generación de empleo y de actividad económica en el segmento industrial de las renovables, que en España es puntero, así en sectores asociados, como el de la construcción. De igual modo, la mayor presencia de energías limpias en el sistema que facilitarán estas líneas de ayudas, ejercerá un efecto tractor sobre la economía y la industria española, que se beneficiará de los ahorros asociados a las renovables, que constituyen la fuente de generación más barata en la actualidad.

La línea de acción se otorgará en régimen de concurrencia competitiva a través de convocatorias cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que podrán ser reforzadas con fondos adicionales ligados a la recuperación económica.

Se establecen dos tipologías de ayudas:

• Proyectos de producción de energía térmica con fuentes renovables, incluyendo instalaciones de producción de gases renovables, como, por ejemplo, bombas de calor o sistemas de energía solar de concentración para aportar calor a procesos industriales, reduciendo emisiones y mejorando la competitividad de los sectores.
• Proyectos  de generación eléctrica con fuentes renovables, como pueden ser proyectos eólicos o fotovoltaicos con almacenamiento o para autoconsumo.

A partir de estas dos bases reguladoras, se podrán realizar diversas convocatorias en función del territorio y tipología de tecnología. Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El importe de la ayuda, que no podrá exceder de 50 millones, se determinará en cada una de las convocatorias y de acuerdo a criterios como la potencia instalada asociada al proyecto.

Para obtener una de las subvenciones, que serán a fondo perdido, las bases reguladoras fijan unos criterios básicos para la selección de los proyectos, que serán posteriormente detallados en cada una de las convocatorias que se realicen. Con carácter general, se podrá tener en cuenta el criterio económico y la viabilidad administrativa del proyecto.

El presupuesto inicialmente disponible para cada territorio dependerá de los remanentes en la programación FEDER 2014-2020 para el Objetivo Temático 4 (Economía Baja en Carbono).

Ponderación de criterios de transición justa

Con el objeto de atraer el mayor número de proyectos posibles a los territorios afectados directamente por el cambio de modelo energético y, en concreto, por cierres de minas o centrales térmicas no renovables, las dos órdenes ministeriales habilitan la posibilidad de que la transición justa sea uno de los criterios que determinen la concesión de la ayuda. En concreto, se establece como posible criterio de ponderación la localización del proyecto en una zona donde estén activos procesos de transición justa.

Asimismo, la Comisión de Evaluación podrá tener en cuenta, sí así se establece en la convocatoria, otras externalidades asociadas al proyecto. Entre ellas, que actúen contra la pobreza energética; favorezcan la cohesión económica y social del territorio mediante la generación de empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación; o activen el desarrollo industrial y empresarial en sectores productivos o áreas geográficas determinadas para dar respuesta a retos concretos que se plantean en las distintas regiones de España establecidas según el conocimiento de los técnicos de las agencias y direcciones generales de energía de cada comunidad autónoma.