Uno de los principales retos de Europa es, que al mismo tiempo que se recupera social, sanitaria y económicamente tras la pandemia de la COVID-19, debe luchar de forma decidida contra el cambio climático y trabajar por la descarbonización del viejo continente.

Para ello, además de otras estrategias como la rehabilitación de edificios o la incentivación del transporte menos contaminante, la UE quiere impulsar el uso de combustibles limpios y renovables. Uno de los más importantes, porque solamente produce vapor de agua como residuo durante su combustión es el hidrógeno.

El Día Mundial de la Refigeración se ha celebrado, por tercer año consecutivo, en un evento online que ha reunido a más de 200 de representantes de toda la cadena de valor de la climatización y de la refrigeración inscritos en la jornada. Bajo el lema “CoolCareers. Para un mundo mejor”, se ha subrayado la necesidad de captar nuevos talentos para que, desde los talleres y los puestos de administración, ingeniería y dirección, el sector del frío participe plenamente en los grandes retos de la sociedad post-Covid: la industria 4.0, la recuperación económica, el cambio climático, la eficiencia energetica y la sostenibilidad, entre otros. 

La Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM) se une al Foro de Bosques y Cambio Climático (FBYCC), organización con la que comparte el compromiso de fomentar el desarrollo sostenible de los bosques españoles como medida indispensable para luchar contra el cambio climático.

Junto con las entidades participantes en el Foro, entre las que figuran COSE, TRAGSA, AENOR, el INIA o la UPM, AVEBIOM defiende la función que desempeñan los bosques frente al cambio climático y también en el ámbito socioeconómico, como fuente de empleo y de regeneración de la población rural.

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, texto que se centra en puntos como la rehabilitación de los edificios, el despliegue de las energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el impulso a la eficiencia energética o acabar con la venta de coches contaminantes en 2040.

En el texto se incluye el Informe de la Ponencia, modificado con las enmiendas acordadas en Comisión.

Los objetivos que se establecen marcan un suelo que se podrá mejorar al alza con los planes nacionales Integrados de Energía y Clima. Así, en 2030, la meta es reducir las emisiones de GEI en al menos un 23% con respecto a 1990. , 2050 es el año marcado para alcanzar la neutralidad climática.

Éstos son algunos de los principales puntos de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética: 

Los cuatro años de negacionismo de Trump han supuesto un retroceso importante en las políticas medioambientales de EEUU. Un país que con Obama había establecido las bases para una transición energética hacia la descarbonización, ha visto frenada dicha transición por culpa de un retroceso a los combustibles fósiles, una relajación en las políticas restrictivas de la contaminación o la desprotección de los entornos naturales. Todas estas medidas se materializaban en una de las decisiones más polémicas de la Administración Trump, como fue la de salir del Acuerdo de París.

Por ello, Joe Biden ha firmado en el primer día de su mandato, con fecha 20 de enero de 2021, una serie de órdenes ejecutivas entre las que destaca un texto en el que declara, en nombre de su país, que acepta el Acuerdo de París y "cada uno de los artículos y cláusulas”. Una orden que se hará efectiva en un plazo de 30 días y que devuelve a EEUU al camino de la sostenibilidad.

La Unión Europea debe ser más ambiciosa para el próximo decenio y actualizar su marco de actuación en materia de clima y energía para alcanzar el objetivo de una UE climáticamente neutra de aquí a 2050 conforme al Acuerdo de París. Con este fin, el Consejo Europeo ha refrendado un objetivo vinculante para la UE de reducción interna neta de las emisiones de gases de efecto invernadero, de aquí a 2030, de al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990.

Los dirigentes de la UE quieren intensificar su ambición climática de modo que:

• impulse el crecimiento económico sostenible
• cree empleo
• genere beneficios medioambientales y de salud para los ciudadanos de la UE
• contribuya a la competitividad mundial de la economía de la UE a largo plazo gracias a la promoción de la innovación en tecnologías ecológicas

El Consejo de Ministros ha aprobado el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. El documento responde a la necesidad de adaptarse a los importantes riesgos derivados del cambio climático y se alinea con las nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas de recuperación frente a la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que "la acción climática no es un compartimento estanco, sino que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas en el contexto de la recuperación post COVID". El PNACC "representa nuestro esquema nacional para la gestión del riesgo, da certeza a los inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que estamos emprendiendo". Sin duda, el PNACC contribuirá a generar un sector primario más resiliente, cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones".

Este verano debería ser recordado no solo por los rebrotes del coronavirus sino también por la proliferación de propuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto en marcha. Su relación impresiona si se compara con la agostidad de anteriores gobiernos: real decreto ley 23/2020 para impulsar las energías renovables, el almacenamiento, agregadores independientes y comunidades de renovables, proyecto de ley de subastas, metodología de peajes, estrategia de autoconsumo, estrategia de descarbonización a largo plazo (ELP), decreto de acceso y conexión, hoja de ruta del hidrógeno. Adelantan cuestiones planteadas en la ley de cambio climático, que se tramita en el Congreso, y la trasposición parcial de las directivas europeas del “paquete de invierno".

Tras el acuerdo alcanzado en Consejo de Ministros esta semana, el martes 31 de marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado a la Comisión Europea (CE) el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC) para su revisión en Bruselas.

Un plan con un gran impacto social y económico por las medidas consideradas en el mismo que sin duda será aún más beneficioso, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas del estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID 19 que estamos padeciendo. Entre ellas, la reducción de la contaminación para la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades, una menor dependencia energética del exterior, la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático y sobre todo la generación de empleo gracias al aumento del aprovechamiento de las energías renovables, la promoción de la eficiencia energética en los edificios, la reducción de la pobreza energética, la promoción del derecho del ciudadano a generar, usar y vender su propia energía verde o el impulso de la movilidad sostenible entre otros factores.

Tras la declaración de emergencia climática por el Parlamento Europeo el día 28 de noviembre de 2019, se ha aprobado la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental por acuerdo del Consejo de Ministros. Esta Declaración se produce como respuesta al consenso de la comunidad científica, que reclama la necesidad de acción urgente para salvaguardar el estado del medio ambiente y la salud de las personas. Así se establece como una de las líneas principales de este gobierno la lucha frente al cambio climático. 

Mediante este acuerdo, el Gobierno se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, para afrontar esta crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. En concreto, el gobierno se compromete a adoptar las 5 primeras medidas en los primeros 100 días tras el acuerdo. Estas medidas son las siguientes:

El pasado 15 de diciembre, se cerró la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Madrid. Esta ha sido la conferencia de las partes más larga de la historia de la CMNUCC y en el acuerdo final alcanzado ha sido clave el papel desempeñado por la delegación española.

También hay que poner de relieve el éxito organizativo de las distintas administraciones implicadas en su organización, encabezadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, con el apoyo unánime del resto de ministerios y con la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma de Madrid, ya que en menos de un mes han logrado organizar una reunión internacional a la que han asistido más de 30.000 personas y que habitualmente se prepara en un año.

A nivel mundial, los principales actores públicos y privados están avanzando hacia una transición ‘verde’ con objetivos ambiciosos tanto a nivel nacional, regional como en las cadenas de valor internacionales. Con este enfoque como punto de partida, la Embajada de Dinamarca, con la presencia del Embajador de Dinamarca en España, Jens Kisling, y el Ministro de Energía, Servicios Públicos y Clima de Dinamarca, Dan Jørgensen, ha organizado un evento en el que Grundfos Iberia fue invitado a analizar la importancia de las alianzas entre múltiples stakeholders, así como el impacto y la naturaleza de los compromisos de acción climática de los sectores público y privado hacia una sociedad sin CO2.