El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas estará listo a finales de 2018 o principios de 2019

La eficiencia energética y la reducción de la contaminación son prioritarias en el trabajo desarrollado por el sector del frío, situación que se ha intensificado con la entrada en vigor de la normativa F-Gas. Los retos en este nuevo entorno pasan por la eliminación de los HCFC en favor de la utilización de refrigerantes de bajo PCA, la adopción de normas de seguridad acordes, el diseño de iniciativas tecnológicas y financieras que faciliten esta sustitución y la inversión en conocimiento.

Tras el discurso de presentación a cargo de Roberto Solsona, Presidente de Aefyt, la jornada comenzó con la intervención de José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad organismo que, junto a diversas asociaciones y Comunidades Autónomas, se encuentra trabajando en la modificación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) que, entre otros puntos, contempla medidas para abordar nuevos refrigerantes. La previsión, anunció el Subdirector General, “es que el Reglamento se pueda aprobar entre el último trimestre de 2018 o los dos primeros meses de 2019”.

José Manuel Prieto apuntó que la reducción de cuotas de los refrigerantes de alto contenido calorífico y los aspectos impositivos aplicables a los gases fluorados, “han propiciado que los productores de refrigerantes estén moviendo su oferta hacia refrigerantes de bajo PCA, reduciendo la oferta de muchos de estos refrigerantes”. A medida que los refrigerantes tienen menor PCA, indicó, “suelen ser menos estables y más inflamables y, de acuerdo con el actual Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, inutilizables en determinadas aplicaciones o con límites de carga muchos más reducidas”.

Estas y otras razones de actualización técnica han aconsejado, añadió el Subdirector General, elaborar un nuevo Reglamento para cuyo desarrollo se creó un grupo de trabajo que ha elaborado un borrador de proyecto de RD sobre instalaciones frigoríficas, que actualmente está en trámite de audiencia y por el que se adaptarán medidas para alinear el Reglamento a la norma UNE-EN-378/2017 (Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales) que clasifica los refrigerantes atendiendo a los criterios de inflamabilidad en cuatro categorías.

Proteger el medio ambiente

A continuación intervino Olga García, Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, quien habló del cambio climático “como uno de los principales problemas que afecta a la humanidad y que tiene en el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera su principal causa”. Combatirlo, dijo, “se ha convertido en prioritario en la planificación de las políticas energéticas a nivel global” y señaló a Extremadura “como una de las Regiones españolas que menos emisiones genera gracias al aumento de instalaciones renovables”.

La Directora General anunció que antes del verano “vamos a abrir las dos líneas de ayudas que tanto éxito tuvieron el año pasado: las destinadas a subvencionar instalaciones de energía renovable y actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética”. Entre ellas, especificó, se incluyen, “instalaciones de aerotermia, hidrotermia y la sustitución o mejora de equipos o instalaciones existentes de producción de calor ó frío destinadas a atender la demanda del bienestar e higiene de las personas por otras de alta eficiencia energética”.

Olga García indicó que el objeto del Reglamento F-Gas “es proteger el medio ambiente a través de la reducción de los gases fluorados de efecto invernadero”. Según su opinión, la solución a esta crisis de los refrigerantes “pasa por regular el ámbito de la seguridad industrial, las medidas para la instalación y el uso de nuevas soluciones técnicas”. El establecimiento de la normativa básica, comentó Olga García, “corresponde al Estado”, en tanto que llevar esa normativa a la práctica, “corresponde a las Comunidades Autónomas, pero éstas no disponen de margen de maniobra en dicha labor ejecutiva, por lo que las capacidades que las CCAA tienen para contribuir a superar la crisis derivada del proceso de sustitución de refrigerantes quedan muy limitadas”.

En relación al Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas que está tramitando el Ministerio de Industria, comentó que su aprobación no ha sido simultánea a la puesta en práctica de las medidas establecidas en el Reglamento F-Gas, lo que ha provocado que, en estos momentos, “exista incertidumbre debido a las limitaciones que impone la reglamentación vigente sobre instalaciones frigoríficas”.

La Directora General concluyó que la Junta de Extremadura es sensible a las preocupaciones expresadas desde el sector profesional de la refrigeración y, desde su posición, realizará las actuaciones que estén en su mano “para abogar por la aprobación del nuevo Reglamento en el plazo más breve posible”, trasladando esta urgencia en los foros en los que participe y comprometiéndose a continuar con su función de control administrativo, “tanto en lo concerniente a la seguridad industrial en las instalaciones, como al cumplimiento de las condiciones del ejercicio de las actividades por parte de las personas que ejerzan labores reguladas en la normativa industrial”.

La F-Gas está generando negocio

Félix Sanz, Adjunto a la Gerencia de Aefyt, comenzó su intervención afirmando que el siglo XXI está marcado porque “el medio ambiente es el que está fijando las reglas relacionadas con la eficiencia energética, la reducción de consumo de energía, el ecodiseño, la reducción de la contaminación, el cambio climático, etc”. Y enumeró como soluciones palpables una política dirigida a “aislar los locales refrigerados, minimizar infiltraciones de aire, reducir la energía utilizada, reducir las fugas de refrigerante, reducir la carga, mejorar los equipos y las instalaciones, dar más importancia al control en su gestión, analizar mejor los refrigerantes utilizados y asociarlos a una política general de consumo de energía, entre otras”.

El representante de Aefyt indicó que los requisitos de seguridad con la adopción de nuevas normas van con retraso respecto a la F-Gas. “Disponemos de menos gases y esto tiene una serie de consecuencias como, por ejemplo, un aumento del precio”. La F-Gas, añadió, “ha introducido una alteración de la ley de la oferta y la demanda aumentando los precios de los refrigerantes y aparece también ahí el precio del CO2”. Ahora mismo la tonelada de CO2 está a 13 euros, en 2008 estuvo a 27 euros y se espera que alcance los 30 euros en 2020.

Analizando la evolución de las ventas de refrigerantes, Félix Sanz hizo hincapié que, en el año 2014, “se vendió muchísimo más del que se había consumido los años anteriores, produciéndose un importante almacenamiento de gases, lo que va a provocar que el stock de gas en botellas o instalaciones pueda convertirse en el mayor proveedor de gas en los próximos años, por lo que la reutilización y el reciclado van a jugar un papel muy importante”. El representante de Aefyt afirmó que “la F-Gas está generando negocio y le corresponde al sector del frío adoptar las medidas adecuadas para que éste prospere”. Teniendo en cuenta que “la solución fantástica no existe”, abogó por “asegurar la estanqueidad y hacer mantenimientos correctos. Debemos vigilar los sistemas para que las fugas y los periodos cambien”.