AEFYT se reúne con Europa para racionalizar las restricciones de gases refrigerantes fluorados para no perder competitividad

Roberto Solsona, presidente de AEFYT, expuso al Comisario Europeo las principales demandas del sector en torno al mencionado Reglamento y solicitó:

• La reconsideración del mecanismo de asignación de cuotas de F-Gases.
• La necesidad de modificar la definición en cascada para la refrigeración comercial. La actual definición recogida por la F-Gas se basa una configuración en cascada indirecta que, según la opinión de AEFYT, supondrá mayor coste añadido, tanto económico como especialmente energético, frente a una configuración en cascada directa que permita la expansión directa de un HFC o mezcla de HFO/HFC de bajo PCA para media temperatura.
• La petición de que no se incluyan nuevas restricciones o se extiendan los actuales límites de uso y prohibiciones en la revisión del Reglamento F-Gas prevista para el año 2017.

En opinión de AEFYT, el esfuerzo y la  inversión de las empresas de la industria del frío para cumplir con el Reglamento actual sobre F-Gas, además de con las normas de eco-diseño, son suficientes para asegurar los objetivos de reducción de emisiones de CO2, tanto directas (fugas de refrigerante) como indirectas (consumo de energía). Nuevas cargas serían imposibles de sostener de forma económicamente viable, especialmente si el esfuerzo no está armonizado con el resto de las regiones globales, tanto en objetivos como en tiempos de aplicación.

Las reuniones sectoriales con Miguel Arias Cañete se van a suceder con carácter periódico para facilitar el diálogo constructivo y específico de la industria con la Comisión Europea en aras de la proactividad. En estos momentos, AEFYT está preparando un informe sobre los resultados de las últimas reuniones, así como los argumentos que sostienen las peticiones realizadas al Comisario Europeo.

En la misma línea de colaborar con las instituciones europeas, AEFYT ha entrado a formar parte del Registro de Transparencia de la Unión Europea, un organismo (gestionado por el Parlamento y la Comisión Europea) creado para fomentar la participación activa de los ciudadanos europeos y dar respuesta a las cuestiones que más les preocupan.