Tribuna de opinión: Pedro L. Fernández Cano, presidente de la Fundación La Casa que Ahorra. “Aplicación de medidas fiscales para favorecer la rehabilitación energética de edificios”.

 

De esta manera, después de seis largos meses de trabajo hemos elaborado un estudio, “Medidas fiscales asociadas a la rehabilitación energética”, junto con el CENER y Pricewaterhouse Cooper (PwC). El primero se centró en calcular el coste de las estrategias que pueden aplicarse a la mejora de la envolvente en distintos tipos de edificios y en diversas zonas climáticas. Estos datos han sido la base para que más tarde PwC evaluara el impacto económico de estas medidas.

 

PwC ha realizado un excelente trabajo de investigación y de evaluación de las diversas medidas argumentándolas con valores obtenidos de fuentes de información públicas. El resultado es una estupenda plataforma inspirativa para las administraciones, ya que los retornos superan con creces los costes. Los impactos estimados se han cuantificado en términos de aportación al Producto Interior Bruto (PIB), al empleo y a la recaudación fiscal. Como consecuencia de estas medidas tributarias, la Administración verá reducida su recaudación, es decir, tendrá que soportar un coste fiscal. Y si ponemos en contraposición el coste fiscal y la recaudación fiscal de cada medida, es posible calcular el impacto fiscal neto. Adicionalmente, se han puesto de manifiesto otros impactos o efectos adicionales como la reducción del consumo energético, la reducción de la dependencia exterior en el aprovisionamiento de fuentes de energía, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y se pone de manifiesto el incremento potencial de las actividades de I+D.

 

Entre las medidas que se proponen en este estudio, se contempla la posibilidad de recuperar la deducción por inversión en vivienda, incluyendo su rehabilitación o reforma, pero siempre vinculada a su calificación o mejora en la eficiencia energética, la modificación del porcentaje de imputación en IRPF por segunda vivienda según el mismo criterio, o la reducción aplicable al alquiler de viviendas con mejoras en este ámbito. En cuanto al IVA, proponemos la aplicación de tipos reducidos a las obras de rehabilitación, renovación o reforma con finalidad energética y medidas similares en IGIC, ICIO o TPO. Queremos destacar que una de estas medidas, muy oportuna, sería la aprobación de una enmienda a la Ley de Haciendas Locales para introducir una bonificación potestativa en la cuota íntegra del IBI en función de la eficiencia energética de los bienes inmuebles que obtuvieran una determinada letra en la Escala de Eficiencia Energética y que variaría en función del Coeficiente de Eficiencia Energética obtenido para cada bien.

 

La Fundación defiende por tanto, la necesidad de estos cambios y profundizará en su colaboración con las administraciones públicas, fundamentalmente Hacienda y Energía (IDAE), pero también CCAA y Ayuntamientos, en el estudio y propuesta de éstas y de nuevas medidas legales o administrativas, siempre con la misma finalidad de mejorar la calidad y eficiencia energética de nuestros edificios.

 

Ahora hay que esperar a que esta plataforma argumental encuentre el momento político para ser aplicada, o que como mínimo inspire medidas que faciliten a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida.