La desregularización de la profesión de fontanero ahoga al sector de la fontanería (infografía)

Lo que antes estaba regulado por la Administración Central para toda España, pasó a estarlo por las comunidades autónomas, cada una de las cuales aplicó su criterio particular a la hora de fijar los requisitos para poder ejercer la actividad de la fontanería en sus respectivos territorios. Según CONAIF, que lleva años luchando contra este problema, "nadie en la Administración Central (fundamentalmente Ministerios y organismos públicos dependientes de éstos) se quiere hacer cargo ni admite ser competente en un problema como éste".

Esteban Blanco Serrano, presidente de CONAIF denunciaba en una reciente rueda de prensa "las facilidades que los intrusos encuentran para actuar libremente ante la ausencia casi total de regulación de la profesión – salvo algunas excepciones autonómicas -, como consecuencia del modo en que se ha aplicado en España la Directiva europea de Servicios y las leyes que la trasponen, entre ellas las conocidas con los sobrenombres de leyes Ómnibus y Paraguas, que pretenden la simplificación administrativa para favorecer la libre circulación de servicios".

Ver Infografía "La profesión del fontanero en España"

Transposición de la Directiva Europea de Servicios en España

El presidente de CONAIF ha sido explícito respecto a la postura de su organización: "nosotros – ha dicho - no nos oponemos a la Directiva de Servicios, sino a cómo se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. La idea de liberalizar la prestación de servicios implica la supresión de determinadas trabas que pudieran limitarla. Pero la simplificación administrativa, en nuestra opinión, no ha de ser en modo alguno sinónimo de desregulación de la actividad de la fontanería, como ha ocurrido en España. En otros países europeos de nuestro entorno se ha traspuesto la Directiva de modo que siguen manteniendo las habilitaciones profesionales plenamente vigentes".

La solución pasa por "que se vuelva a regular la actividad, reestableciendo los carnés profesionales y registros de empresas. Y si es a nivel nacional, mejor aún porque evitaría las trabas a la movilidad interprovincial de las empresas que la disparidad de regulaciones autonómicas podría ocasionar", concluyó.

La situación en estos momentos es que no existe un marco regulador de la fontanería en el ámbito nacional y en casi todas las comunidades autónomas - salvo alguna excepción, como Aragón, Murcia, Canarias y País Vasco – lo han suprimido o están en proceso de hacerlo. "Se necesita con urgencia una regulación nacional que ampare la profesión y a los profesionales que la ejercen", ha insistido Esteban Blanco. "Si no es así y de forma urgente, una parte importante de las empresas españolas de fontanería, en torno a unas 5.000, estará abocada al cierre".

Según las cifras que maneja esta organización empresarial, tan sólo en Galicia se han perdido en los dos últimos años algo más de 1.000 empresas de fontanería y 3.500 puestos de trabajo. Las cantidades para toda España sitúan el número de defunciones empresariales en torno a 6.500 en el último lustro.

Además de las empresas instaladoras de fontanería legalmente establecidas, los otros grandes perjudicados por la ausencia de regulación son el medio ambiente y los usuarios, que quedan desamparados ante una posible actuación fraudulenta. Hasta hace unos pocos años en España, para poder ejercer la actividad se exigía el carnet de instalador de fontanería – obtenido tras superar un examen y un periodo de formación previo- y cumplir otra serie de requisitos que suponían una garantía tanto para el usuario como para la seguridad de las instalaciones. Ahora, en cambio, no existen carnés – se mantienen vigentes en tan sólo dos comunidades autónomas -, tampoco un registro público oficial de empresas que permita al usuario, entre otras cosas, su localización ante una reclamación, ni obligación como antes de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, ni tampoco de contar con personal cualificado en la empresa.

Es el panorama idílico para cualquiera que quiera trabajar fuera de la ley porque además, se ha acabado con el control administrativo de las empresas previo al inicio de su actividad, que permitía verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

Efecto llamada para el "fontanero pirata"

En opinión del presidente de CONAIF, "con todo esto se está llamando a voces a personas sin cualificación ni control de ningún tipo y desprotegiendo al mismo tiempo a unos usuarios que tienen derecho a recibir un servicio de calidad por parte de empresas legalmente establecidas".

Es lo que ya está ocurriendo. La ausencia de regulación para poder ejercer en España la profesión, está provocado un "efecto llamada" en otros países de la Unión Europea e incrementado los índices de economía sumergida. Mientras que los fontaneros españoles necesitan un permiso para trabajar en determinados países europeos, los foráneos pueden hacerlo en España prácticamente sin restricción.

El futuro del sector es negro si las autoridades no toman cartas en el asunto de manera inmediata. Las PYMES y autónomos dedicados a la fontanería no pueden soportar en la situación actual una carga de las dimensiones del intrusismo y la economía sumergida. Para CONAIF es la puntilla definitiva a la fontanería, una profesión que hoy más que nunca necesita contar con verdaderos profesionales de la ejecución de las instalaciones interiores de agua. Pero aún así, todos los Ministerios españoles rechazan a día de hoy tener competencias en esta área y, por lo tanto, responsabilidad para resolver el problema de la desregularización. La fontanería se encuentra en tierra de nadie y constituye una pelota que se van pasando de unos a otros en un bucle sin fin.