Según la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), a partir de la entrada en vigor del anteproyecto de ley que impone este nuevo impuesto “medioambiental”, previsto para el mes de julio, las instalaciones de climatización para uso doméstico sufrirán un encarecimiento, que más de 20 asociaciones han estimado en un 5%, basándose en que los fabricantes tendrán que repercutir este impuesto al consumidor final.

“Si de lo que se trata es de promocionar el uso de aparatos domésticos ecoeficientes para combatir el cambio climático y contribuir a la transformación energética del país, con esta normativa se busca lo contrario, ya que penaliza el consumo responsable”, creen en Agremia.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública asegura que esta medida se introduce para hacer la norma más sencilla y simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, en consecuencia, su gestión. “Por lo tanto, esta ley busca un afán recaudatorio fiscal, y no gravar la contaminación, que debería ser el principal objetivo para cumplir con la Agenda 20-30. Con esta medida no se contaminará ni más ni menos, pero sí trasladará al mercado una imagen errónea de la descarbonización”, opinan desde Agremia.

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