La bioenergía garantiza 15 veces más empleo que los combustibles fósiles

La Alianza por la Bioenergía expone los siguientes argumentos para que el R.D.1/2012 sea derogado:

1) POTENCIA INSTALADA DE BIOMASA MUY ALEJADA DE LOS OBJETIVOS

La potencia instalada con biomasa en España es muy baja. No llega ni al 40% del objetivo marcado en el RD 661/2007. El PER 2005-2010 asignaba 1.317 MWe pero sólo se alcanzó 1/3 del objetivo. Finalmente, en el nuevo PER (2011-2020) se ha recortado la asignación a tan solo 870 MW. En cuanto al biogás de origen agro-ganadero, sólo existen 16 plantas operativas que acumulan 9,5 MW instalados, apenas un 10% del objetivo en el antiguo PER. 

La complejidad de los proyectos de generación eléctrica con biomasa o biogás, junto a la muy ajustada retribución vigente, imposibilitan que estas tecnologías se desarrollen con rapidez o que constituyan una “burbuja”. La prueba está en el parque de plantas de biomasa hoy instalado y en el ritmo de crecimiento, inferior a 40 MWe/año en los últimos cinco años.

Los proyectos de generación con biomasa conllevan un largo período de construcción, de 2-3 años, por lo que la moratoria supondrá la ausencia de nuevos proyectos en 4-5 años o más. Los proyectos de biogás requieren 1 año como mínimo para obtener licencias y otro año para construcción y puesta en marcha.

2) INCERTIDUMBRE QUE DAÑA TODO UN TEJIDO INDUSTRIAL Y LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Una moratoria de duración indeterminada desincentiva por completo nuevos proyectos o inversiones por la incertidumbre que desprende.

El tejido industrial español que ha apostado por la innovación tecnológica, y que a día de hoy es capaz de suministrar hasta el 100% de la inversión en equipos e ingeniería asociado a estos proyectos, se ve seriamente afectado por la incertidumbre que genera la moratoria: se detendrá la puesta en marcha de plantas en fase avanzada de proyecto e incluso de algunas ya finalizadas pero sin preasignación.

Para presentar la solicitud el promotor de plantas bioeléctricas debe acreditar compromisos de compra de equipos por hasta el 50% de la inversión y de financiación. La ruptura de estos compromisos puede suponer un grave perjuicio económico no justificado, sobre todo en proyectos que ya habían solicitado inscripción en el registro de preasignación dentro del último trimestre anterior a la publicación del RDL. En estos casos el inversor cumplió los requerimientos de la legislación vigente hasta el momento de la presentación del expediente (RDL 06/09); y es con posterioridad que dicho procedimiento es suspendido.

La importante promoción de proyectos de biomasa de los últimos años animó a muchas pymes a invertir en maquinaria y otros equipos específicos, pero ahora ven peligrar incluso su subsistencia dado que muchos de estas inversiones no podrán ser amortizadas. En los dos últimos años se han vendido más de 425 equipos de maquinaria utilizada en la biomasa  por valor de más de 35 millones de euros.

En cuanto a los proyectos de biogás, en la actualidad hay 34 plantas en proyecto. De ellas, 25 llevan muy avanzados los trámites e inversiones a los que obliga el Ministerio para poder entrar en el registro de pre-asignación. Cada una de estas instalaciones ha invertido ya 100.000 euros como mínimo, y más de 200.000 € si ya contrataron con la compañía eléctrica el punto de conexión, aparte del coste de las licencias municipales

La paralización total del sector supone la desaparición del mercado necesario para su consolidación. Empresas industriales de gran relevancia e ingenierías que han apostado por este sector, con el objetivo de realizar proyectos en España sobre los que basar su crecimiento exterior, se verán muy afectadas al no poder contar con una cartera de referencia suficiente para su internacionalización: es muy difícil ir a “vender fuera” cuando no se puede acreditar un mínimo sector nacional.

Por otro lado, la reducción de la actividad de pequeñas empresas que no pueden abordar la internacionalización, única salida inmediata a esta situación generada, va a provocar su desaparición. La biomasa, por sus características, supone la participación de múltiples actores, sobre todo pymes que ahora se encuentran en una situación muy complicada.

3) PÉRDIDA DE BENEFICIOS AMBIENTALES, DESARROLLO AGRARIO Y AHORRO

La valorización energética de la biomasa agrícola soluciona varios problemas como la eliminación de restos de cosecha que hoy no tienen salida o de los productos de las labores de mantenimiento de las plantaciones leñosas (olivo, viñedos, frutales, etc). Estos residuos, si no se valorizan para energía, se quemarán al aire libre.

Los cultivos energéticos leñosos y la instalación de centrales eléctricas con biomasa suponen un enorme impulso al desarrollo rural: ponen en cultivo tierras no utilizadas para producir alimentos, crean empleos diversificados y posibilita la continuidad de la actividad del sector agrario.

La fermentación descontrolada al aire libre de residuos agroindustriales, como ocurre en la actualidad, libera a la atmosfera gas metano, 21 veces más contaminante que el CO2. Explotaciones agroganaderas que esperaban solucionar sus problemas de gestión de desechos gracias a plantas de biogás pierden esta oportunidad de corregir un grave problema medioambiental. El total de residuos previstos que iban a ser tratados en esas plantas ronda los 2 millones de toneladas anuales, lo que habría evitado la emisión a la atmósfera de casi medio millón de toneladas anuales de gases de efecto invernadero.

Los trabajos selvícolas para obtener biomasa forestal para valorización energética también lo son de prevención de incendios. Estos trabajos, realizados en colaboración público-privada, en los que la gestión correspondería a la Administración pública y la inversión y riesgo de los trabajos a la empresa privada, proporcionarían importantes ahorros y ventajas: eliminación de hasta 10-15 millones de toneladas de materia seca/año, menor inversión en medios de extinción, más puestos de trabajo en cuadrillas de prevención.

Con la paralización de los proyectos afectados por el RDL quedarán en el monte entre 5 y 8 millones de peligrosas toneladas de material forestal y agrícola que incrementarán el riesgo de incendio. Su eliminación para prevenir los incendios supondrá un coste para la Administración Pública superior al de la retribución por venta de energía de dichos proyectos. Este aspecto adquiere suma importancia ahora que, para lograr el objetivo del 4,4% de déficit a finales de 2012, ya se está recortando inversión pública en trabajos selvícolas preventivos.

También hay que considerar el coste de gestión de las biomasas que se abandonan o terminan en vertedero por no valorizarse energéticamente. En el sector de las biomasas recuperadas, integrado por pymes con larga tradición y que veían en la biomasa una oportunidad para reimpulsar su actividad, la moratoria supone una paralización absoluta de trabajo. Hasta ahora no se gestionaba más biomasa porque no había suficientes plantas, pero se esperaba la llegada de unos proyectos que ahora no se sabe si verán la luz.

Las plantas de biomasa no necesitan de un “seguro de funcionamiento” en forma de ciclo combinado de gas que respalde la potencia que genera; por lo que suponen para el sistema un verdadero ahorro en potencia fósil instalada. Esto supone que a los ahorros descritos habría que añadir la mejora de la balanza comercial por la reducción de la importación de combustibles fósiles.

Otro elemento de impacto positivo de la generación de energía eléctrica con biomasa, en este caso común al régimen especial, es el de la disminución del precio de mercado o pool de la energía. Al ofertar siempre su energía a precio cero, se reduce el precio de casación. Con un efecto de ahorro de unos 20 €/MWh sobre el total de la energía casada en el sistema: unos 25 GW de media horaria anual.

4) DESTRUCCIÓN DE EMPLEO E INVERSIÓN

El principal efecto derivado de la entrada en vigor de este RD va a ser el despido de numerosos trabajadores y la pérdida de oportunidad en la contratación de muchos otros. Ya se están preparando los primeros ERE.

La biomasa es la fuente de energía que más puestos de trabajo, directos e indirectos, genera por MW instalado al menor coste para el país. Durante el periodo de construcción (2-3 años) se crean más de 20 puestos de trabajo/MW. Cifra que se mantiene en más de 10 puestos de trabajo/MW durante el periodo de explotación. Además, la mayoría son empleos generados en zonas rurales.

Una planta de 15 MWe crea 300 puestos de trabajo durante la construcción y entre 130 y 170 puestos de trabajo durante la explotación, dependiendo del tipo de biomasa, agrícola o forestal, utilizada.

La Alianza por la Bioenergía ha recogido en estos días los datos de 38 proyectos de generación eléctrica con biomasa (750 MW instalados) afectados por el RD-Ley, que deberían ir entrando en funcionamiento en los próximos 6-8 años. Su no construcción se llevará por delante 8.500 empleos y 2.500 millones de euros, que se dejarán de invertir.

También se ven afectados 34 proyectos de biogás (15 MW), lo que supondrá una pérdida de inversión de 110 millones y más de 500 puestos de trabajo (300 empleos durante la fase de construcción en 2012, y otros 200 empleos fijos durante su operación posterior, todos ellos en el ámbito rural).

Entre el 10 y el 15% de la inversión de una planta producción de energía eléctrica con biomasa corresponde al parque móvil de maquinaria. Del 30% de la inversión (750 millones de euros), que corresponde a obra civil e instalaciones fijas, un 2,5% (18 millones de euros) son ingresos que los ayuntamientos dejarán de recibir en forma de impuestos de obra y construcción. A esto habría que añadir la falta de recaudación por Impuesto de Sociedades y de contribuciones a la Seguridad Social por los puestos de trabajo que no llegarán a crearse.

La situación económica de agricultores que habían decidido diversificar su actividad realizando cultivos energéticos también se va a complicar. Se pierde una oportunidad de generar empleo en medio rural y un instrumento precioso que contribuye a la reconversión agraria y la fijación de población. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la Alianza por la Bioenergía solicita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que valore las ventajas adicionales que aporta la bioenergía, sobre todo en materia de creación de empleo, y actúe en consecuencia respecto al R.D. 1/2012 de 27 de enero.