Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero: dejamos de incentivar la sostenibilidad
El 1 de enero de 2015 entraba en vigor el artículo 5 de la Ley 16/2013 sobre el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Un impuesto singular en el marco de la Unión Europea –la Comisión Europea no contempla una tasa similar para todos los Estados miembro y son muy pocos los que la aplican- que sitúa a las empresas españolas en situación de desventaja competitiva ante su alto impacto en costes productivos, administrativos y financieros.
Además, hoy en día, es difícil comprobar los supuestos beneficios medioambientales de este gravamen. La asociación AEFYT advirtió en su momento que la aplicación del impuesto tendría consecuencias sobre un aumento del mercado negro de gases fluorados provocado por una demanda focalizada en esquivar la tasa. En este sentido, un informe del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) decía hace apenas un año que en España se han introducido más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC de manera ilegal durante el año 2018 y 2019: “una cifra que sitúa al país como el mayor importador de gases refrigerantes ilegales de Europa”.