FREMM acuerda defender los derechos de los consumidores ante la economía sumergida

El documento ha sido rubricado en la federación del Metal por los presidentes de FREMM, Juan Antonio Muñoz; Gretamur, Francisco Hernández; UCE, Pedro Valera; Thaderconsumo, Juana Pérez, y Consumur, Roberto Barceló Vivancos. Mediante este acuerdo, los máximos dirigentes de las organizaciones unen sus intereses contra la economía sumergida por entender que “deja completamente desprotegido al consumidor y supone una competencia desleal para las empresas; además de que, en el caso de la automoción, entraña peligros en materia de seguridad vial ante una reparación hecha sin medios ni cualificación necesaria”, según se recoge en el texto.

Las asociaciones del Metal y de consumidores desarrollarán un plan de trabajo conjunto para, entre otras medidas, facilitar el acceso de los usuarios a una información veraz y clara que de a conocer a los consumidores tanto los bienes y servicios del metal como los perjuicios y consecuencias a sufrir al acudir a empresas que operan en la economía sumergida. También se trabajará en evitar acciones en el mercado que induzcan a acudir a prestaciones que limiten la libre competencia.

Las partes coinciden en el texto en recomendar la intervención de la Junta de Arbitraje de Consumo, en caso de conflicto entre consumidores y empresas del metal. Asimismo, se ha establecido el compromiso de impulsar la elaboración y publicación de iniciativas legislativas regionales relacionadas con los diferentes gremios y asociaciones integrantes de FREMM que supongan un beneficio para los consumidores.

Las prestaciones del sector de automoción tienen especial relevancia dentro del convenio, siendo la primera vez que las partes reunidas acuerdan trabajar conjuntamente para informar a los usuarios de la venta fraudulenta de vehículos de ocasión en la vía pública por impedir que el consumidor pueda ejercer su garantía, así como impulsar una normativa regional. Esta unidad de criterios se verá reflejada también en el interés por regular las condiciones y autorizaciones de la venta de vehículos de ocasión en recintos públicos para unificar los criterios entre los diferentes municipios, así como en la actualización del  Decreto de Talleres de Reparación vigente para adaptarlo a las novedades empresariales actuales. También se velará por impedir la práctica de ciertas aseguradoras que condicionan al usuario a reparar su vehículo en determinados talleres o cadenas de reparación.

El gremio de fontanería también se verá beneficiado de este acuerdo, al solicitar todos los firmantes a la Administración regional la publicación de un decreto que regule esta actividad para evitar la dispersión actual de normativa municipal, además de favorecerse un aumento de la calidad de las reparaciones.

El cumplimiento del convenio suscrito, que tiene carácter indefinido, estará a cargo de una comisión mixta.