Eficiencia energética y energías renovables protagonistas de la política energética en 2014

Y es que la política energética a nivel mundial durante este 2014 ha estado marcada por una tendencia global hacia el ahorro energético, la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables, con la consecuente sostenibilidad que ello comporta. Los ejemplos son innumerables y de muy diversa procedencia. El gran volumen y variedad de los acontecimientos desarrollados a partir de la cuestión energética en España han permitido dar a conocer iniciativas de muy distinto origen e impulsadas por administraciones, instituciones, organismos, colectivos, ingenierías, empresas,…, cuyo leitmotiv ha sido orientado a barajar modelos y ejemplos de transición energética, que se han desarrollado, se están desarrollando o se desarrollarán próximamente en todo el mundo. Sin ir más lejos, en el marco del Microgrid Deployment Workshop Fall 2014, celebrado en Barcelona en septiembre con un gran éxito de participación, una delegación internacional compuesta por una veintena de expertos en microredes eléctricas sostenibles se reunió para debatir las tendencias en relación al futuro desarrollo de las microredes, centrándose en el diseño y aplicación de microplantas para la generación eléctrica distribuida. Se apuntó que la presencia de esta tecnología está siendo especialmente destacada en Latinoamérica, con un mercado en continuo y destacado crecimiento, y en las islas, debido a sus particulares características geográficas. Asimismo, se pudo constatar que este tipo de tecnología está empezando a contar con gran aceptación en continentes como Asia y África. De hecho, se incidió en que existen ya numerosos colectivos que nunca habían dispuesto de suministro eléctrico estable y que en estos momentos generan su propia energía. Tanto a raíz de este encuentro, como una vez más a partir del Smart City Expo World Congress (SCEWC), se ha confirmado que la tecnología está preparada para abordar aquellos proyectos que administración y ciudadanía, y empresa y entidades en un segundo término, tengan la voluntad de implementar en un marco regulatorio propicio. 

 

 

En un contexto europeo y concretamente el mes de marzo, la Comisión Europea avisó sobre posibles sanciones al Gobierno español en caso de incumplimiento del objetivo de renovables para 2020. El comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, cuestionó una serie de modelos económicos que ya predecían que las entonces vigentes medidas estratégicas emprendidas por el Gobierno español no garantizaban poder alcanzar “por sí solas” la meta del 20% de energía procedente de fuentes renovables. Los expertos aprovecharon para echar mano de la memoria y recordaban como el objetivo del 20% de cuota de energías renovables en España había sido fijado en 2007, cuando la inversión en este tipo de activos atravesaba su mejor momento. Poco después, la irrupción de la crisis y posteriormente, en 2012, el recorte en el apoyo público a las energías renovables dio al traste con el objetivo de convertir a España en uno de los líderes mundiales del sector. Y, siendo estas las circunstancias españolas en relación a los objetivos de cara al 2020, al cabo de muy poco, Europa demostró que sus previsiones habían pasado a estar  focalizadas a la siguiente década, puesto que el mes de junio presentó su “Estrategia para mejorar la seguridad del suministro energético” con vistas a 2030.  Esta estrategia europea en materia de suministro energético, surgida como reacción a la actual situación geopolítica y la dependencia europea de las importaciones de energía, se impuso como objetivo final la diversificación de los suministros energéticos procedentes del exterior y la modernización de las infraestructuras energéticas, así como el ahorro energético y completar el mercado interior de energía de la Unión Europea. Para ello, se anunció que se coordinarían las políticas nacionales en materia energética y se negociaría, a través de una única voz, con los proveedores exteriores. Meses más tarde, en octubre, el presidente electo de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, adjudicó al candidato español a comisario, Miguel Arias Cañete, la cartera de Clima y Energía para el próximo ejecutivo comunitario. 

 

 

España inicia el ejercicio 2014 con la resaca de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Casi un año después, en noviembre, y tras algunas medidas legislativas más en la misma línea, organizaciones como FACUA-Consumidores en Acción hacen público que las acciones legislativas gubernamentales en materia eléctrica han tenido como efecto un incremento del precio medio de la luz y, de hecho, lo fijan en un 18,3% más que en enero, que fue cuando se implantó el nuevo sistema de fijación de precios, aunque no fue hasta abril que se hizo efectivo. Siendo esta la situación, se hace evidente que el ciudadano español todavía está en un punto inicial del proceso hacia una más óptima eficiencia energética, ya que todavía está tratando de averiguar cómo puede tener un mayor control sobre el consumo y, en consecuencia, un mayor control sobre el gasto. De hecho, ya a finales de marzo, Bruselas instó al Gobierno español a acompañar la implantación del nuevo sistema de tarifa eléctrica de una “campaña de información intensiva” para los usuarios, teniendo en cuenta que la mayoría no contará con un medidor "adecuado" de energía hasta 2019. Y es que, desde diversos titulares aparecidos por esas fechas en varios medios de comunicación, se atribuía al ministro y su secretario de Energía el hecho de haber convertido la tarifa eléctrica en un galimatías, impracticable para las empresas e ininteligible para los consumidores.

 

Así, tras todo un año, es posible saber si la tarifa plana o fija de energía compensa o no y, en este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta a que esta opción es únicamente recomendable para la factura de la luz y para potencias elevadas, y que en los casos del gas por lo general no son económicas ya que se termina pagando más que con un consumo responsable. Además, los expertos del sector muestran su preocupación en cuanto a que este tipo de tarifas no fomentan el consumo responsable de la energía.

 

 

En febrero el sector de las renovables acusaba al Gobierno de “improvisar y de querer aniquilar al sector” y las patronales advertían de que los cambios en las primas les iban acostar unos 2.400 millones de euros. Las asociaciones de renovables Anpier, APPA, UNEF y Protermosolar hicieron frente común para denunciar la estrategia del Gobierno e hicieron varias advertencias en relación a la propuesta de orden ministerial de estándares y al Real Decreto Ley para el sector eléctrico, de inminente aprobación. El sector de las renovables cuestionó entonces a qué intereses servía el Gobierno, puesto que “en su objetivo de acabar con el déficit de tarifa, y con las excusa de reducir el precio de la electricidad, sólo ha venido actuando contra las tecnologías del ya extinto régimen especial y, sobre todo, contra las energías renovables” y, así, acusaron al Gobierno de “escuchar sólo a las eléctricas tradicionales y asumir como suyos sus planteamientos, cuyo objetivo es sacar del sistema eléctrico toda la potencia renovable posible para hacer hueco "a sus infrautilizados" ciclos combinados de gas ("con 27.000 MW instalados en la última década, cuando con poco más de 6.000 MW habría bastado para cubrir necesidades del sistema eléctrico), que han sido desarrollados por libre iniciativa empresarial y cuyo coste en un 40% está siendo subvencionado y soportado por los consumidores a través de los llamados pagos por capacidad”. Las patronales, como frente común, insistieron en agotar la vía administrativa, aunque abrieron la puerta a pelear en los tribunales a título individual. Paralelamente a estos acontecimientos, la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, instaba a España que reformara de forma "urgente" el sistema energético con un "marco legal creíble" para los inversores y frenar así el déficit de tarifa eléctrica y la dependencia exterior de los combustibles fósiles. En octubre, sin embargo, el Tribunal Supremo, rechazó anular la reforma energética por el recorte a las primas porque, argumentó, podría "poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema". El mismo mes de octubre se anunciaba públicamente que el déficit de la tarifa eléctrica se elevaba a 3.363 millones hasta septiembre y que, en consecuencia, las instalaciones renovables tendrían que devolver 1.000 millones de euros recibidos de más como incentivos desde que se anunció la reforma energética, en julio del pasado año, y la entrada en funcionamiento en junio de este año del nuevo marco regulatorio. Y todo ello después que el equipo del ministro José Manuel Soria hubiera anunciado en agosto que el Ministerio de Industria preveía cerrar 2014 sin déficit de tarifa en el sector eléctrico. Y aquí, los expertos volvían a tirar de la memoria para exponer que, tras 14 años de déficit, en los que la cuantía acumulada asciende a aproximadamente 30.000 millones de euros, las medidas que se han ido aprobando a lo largo de los últimos tiempos y que han desembocado en la vigente reforma eléctrica han acabado sin un control efectivo del déficit de tarifa y con un aumento del precio de la energía por parte del consumidor que se ha incrementado del orden del 70%.

 

 

En junio de 2014 el Gobierno de España aprueba el Real Decreto sobre renovables, cogeneración y residuos, que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos - el denominado régimen especial - con el objetivo de, argumenta, “dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector”. Junto a esta normativa se aprueba también una orden ministerial destinada a agilizar y aumentar la "eficiencia" en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda creada por la diferencia acumulada entre los ingresos y los costes del sistema y que supera 30.000 millones. Y, en la rueda de prensa, el ministro Soria señalaba el coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa y argumentaba que había que tomar medidas porque sino se iba "a la quiebra". Las renovables consideraron entonces los cambios como retroactivos y acusaron al Gobierno de cercenar la seguridad jurídica de los inversores y de querer acabar con el sector. La asociación fotovoltaica Unef, en concreto, apuntaba a que el real decreto estaba basado en la "arbitrariedad de criterios", puesto que los parámetros sobre los que pivota podrán cambiarse cada tres años y la tasa de rentabilidad razonable, cada seis años.

 

 

A finales de octubre, el conjunto de la industria española se quejaba de que los costes energéticos en este país restaban capacidad de inversión y, por tanto, competitividad y representaban un freno importante hacia una posible reindustrialización. Durante la tercera edición del Congreso Nacional de Directivos, titulado ''Reindustrializar para ganar" y celebrado los días 30 y 31 de octubre de 2014 en el Palacio Euskalduna, en el Auditorio de Bilbao, Rafael Miranda, el presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), organizadora del acto, exponía que la industria en España ha pasado de “representar el 34% del PIB en 1970 al 13% actual”. Mientras, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, señalaba que la energía es uno de los temas centrales en la recientemente aprobada por el ejecutivo Agenda para el fortalecimiento industrial y que, por tanto, aludió el representante de la administración central, España no está es disposición de permitirse no hacer prospecciones para conseguir una energía más barata. A pesar de los argumentos del representante del Gobierno central, los empresarios reunidos denunciaron la inexistencia de un marco energético predecible en el tiempo y en los costes, en el que poder desarrollar su actividad, y aludieron a las muy distintas circunstancias en que están desarrollando sus proyectos a nivel energético otros países, que también forman parte de la Unión Europea. De hecho, el empresariado español ya se había quejado vehementemente durante el mes de marzo de la mano del colectivo industrial que recurre a la cogeneración, un procedimiento mediante el cual las empresas que necesitan obtener calor para producir sus propios bienes pueden generar a la vez electricidad que venden al sistema con primas, con lo que reducen sus costes. Representantes de los sectores de la alimentación, la agricultura, el papel, el azulejo y el ladrillo elaboraron un manifiesto que se presentó al ministro José Manuel Soria, en el que solicitaban una rectificación de la nueva normativa que, según ellos, situaba los costes impuestos por encima de la remuneración y abocaba al cierre a cientos de plantas por falta de rentabilidad, lo que podía llegar a suponer la pérdida de 70.000 empleos directos. 

 

 

La educación en materia energética también ha estado presente en 2014. El profesor del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, Massimo Filippini, participó el pasado mes de junio en el Workshop Atlántico sobre Economía Energética y Ambiental, donde un reducido grupo de científicos europeos se reúnen bianualmente para debatir sus investigaciones. Se presentó la denominada Plataforma Europea de investigación sobre economía de la eficiencia energética que, entre otros aspectos, analizó por qué estando ya disponibles técnicas para el ahorro de costes no se acaban de aplicar a gran escala. Y se llegó a la conclusión que, según Filippini, existe un problema de educación y de falta de consideración social y, en este sentido, aludió a la responsabilidad de los gobiernos.