Conferencia Internacional sobre Cambio Climático COP21: en busca de un acuerdo ambicioso

 

 

La COP21/CMP11 comenzará en París el próximo 30 de noviembre y durará hasta el 11 de diciembre. En concreto, esta conferencia, auspiciada – como todas las desarrolladas hasta el momento - por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se prevé que instaure el principio de una etapa decisiva en la negociación del futuro acuerdo internacional previsto para después de 2020, con el objetivo de que todos los países, y entre ellos los mayores emisores de gases de efecto invernadero – países desarrollados y países en desarrollo - estén unidos por un acuerdo universal, jurídicamente vinculante, en cuanto a clima. De carácter anual, estos encuentros se llevan a cabo por turnos y en un país de los cinco grupos regionales de la Organización de las Naciones Unidas: Asia-Pacífico, Europa del Este, Latinoamérica-Caribe, Europa Occidental y otros países, y África. En esta ocasión, el anfitrión -  Francia - ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo ambicioso, aplicable a todos, con el fin de lograr el objetivo de limitar a dos grados el calentamiento global del planeta. De hecho, yendo más allá, hay quien reclama que el pacto se debería de traducir en un cambio de orientación que tenga en cuenta el reto climático y que, siendo así, fuera también una oportunidad para crear empleo y riqueza a través del desarrollo de nuevos modelos de producción y de consumo, y no únicamente una carga compartida en cuanto a emisiones. 

 

El cambio climático es uno de los principales desafíos que actualmente afronta la comunidad internacional, puesto que se trata de un fenómeno cuyas causas y consecuencias ambientales, económicas y sociales, se hallan vinculadas al actual modelo de desarrollo económico. Y ello en un contexto en el que cada vez existen más estudios científicos que alertan de un riesgo real en la modificación del clima a lo largo de las próximas décadas, en gran parte de debido a las emisiones de carácter antropogénico. Y es como respuesta internacional a estas circunstancias que surge el Convenio Marco sobre el Cambio Climático de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997.

 

Desde entonces las Partes, mediante las sucesivas conferencias anuales, han establecido bases a largo plazo para estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero y, así, evitar su influencia en el sistema climático. Y, como consecuencia de ello, se ha instado a adoptar medidas de mitigación, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero y  disminuyendo la huella de carbono.

 

 

La cita de París supone un punto de inflexión en el extenso y difícil proceso de negociación para renovar los compromisos asumidos por las Partes en 1997. El desgaste que parece acusar el proceso de negociación, sobre todo desde 2009, debido a la falta de apoyo y de confianza entre las Partes se une a la ausencia de Estados Unidos, a las reticencias de la Federación Rusa y al desmarque considerable de países con economías emergentes, como es el caso de China, Brasil o la India, respecto al establecimiento de un nuevo instrumento que pueda implicar la aceptación de compromisos obligatorios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es preciso incidir en que el acuerdo deberá explicitar no solo la conformidad del nuevo instrumento con estos principios, sino también la forma cómo se aplican.

 

Las posiciones de las Partes, tanto en el caso del Convenio Marco como en el del Protocolo, parecen por ahora difícilmente conciliables. La Unión Europea (UE) ha propuesto importantes reducciones de emisiones de los países industrializados - 20% de reducción de las emisiones en 2020 y el 40% de reducción de las emisiones en 2030 -, a la vez que ha promovido una acción efectiva en los países en desarrollo y la adopción de medidas de adaptación y fortalecimiento de los vínculos con el desarrollo sostenible mediante el establecimiento de una serie de políticas y medidas comunes. No obstante, desde la Conferencia de Copenhague, en 2009, la UE ha ido perdiendo progresivamente su liderazgo en las negociaciones frente a la coalición formada por los Estados Unidos y los países emergentes del grupo BASIC; el grupo Paraguas, que incluye a la Federación Rusa y a países desarrollados que no pertenecen a la Unión Europea: Japón, Suiza, Canadá, Australia,  Noruega, Nueva Zelanda, además de Estados Unidos.

 

Aunque son países que tienen en común su interés por una estrategia más flexible que limite las emisiones de gases de efecto invernadero, no se han mostrado especialmente proactivos ni siempre actúan conjuntamente, especialmente en lo que se refiere al alcance de los compromisos que deberían adoptar los países en desarrollo con economías emergentes. Asimismo, el denominado grupo BASIC tampoco mantiene siempre una posición conjunta, pero se caracteriza por integrar países en desarrollo con economías emergentes, con una importante capacidad de influir en el proceso de las negociaciones debido a su peso en la economía global. Y si bien se han comprometido a la realización de ciertas acciones de atenuación, se oponen tradicionalmente a la admisión no diferenciada de compromisos jurídicamente vinculantes de reducción de las emisiones.

 

Los países en vías de desarrollo actúan a través del grupo G-77, al que en ocasiones se añade China. Constituyen una importante coalición de 133 países que, a menudo, reúnen intereses muy diferentes. Aún y así, todos ellos coinciden en la fijación de compromisos en materia de reducción de emisiones, y de transferencia financiera y tecnológica sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. La Alianza de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (AOSIS), por su parte, alberga a 39 países y ha reavivado el apoyo a los instrumentos internacionales sobre el cambio climático, dado que se trata de naciones particularmente vulnerables al riesgo que comportaría una significativa elevación del nivel de los mares. Debido a ello son especialmente proactivos en las negociones y defienden las posiciones más ambiciosas, otorgando apoyo a toda medida destinada a actuar con rapidez para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En última instancia, a los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo les preocupa las consecuencias que podría tener sobre sus economías el hecho de que se redujera el consumo de petróleo. Así, naciones como Arabia Saudí y Kuwait tienden a promover las tecnologías limpias en vez de la discriminación de los combustibles fósiles en el marco del comercio internacional.

 

En 1997, durante las negociaciones para la firma del Protocolo de Kioto, países como China, Brasil o México fueron eximidos de aplicar normas que implicasen un freno para sus posibilidades de crecimiento. Sin embargo, hoy en día las emisiones per cápita de China, por ejemplo, son de 7,9 toneladas de CO₂, una cifra que está incluso por encima de las emisiones de los europeos. Como resultado de ello, EEUU y China son responsables de casi el 45% de las emisiones de CO₂. En estos momentos, China es la primera productora mundial de dióxido de carbono y otros gases responsables del efecto invernadero, según se desprende de un estudio de la London School of Economics, y se prevé que en 2025 podría llegar a alcanzar una emisión máxima de 12.500-14.000 millones de toneladas equivalentes de CO2. Es muy posible que en buena parte debido a ello, en noviembre de 2014 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, anunciaran un doble compromiso: EEUU se comprometía a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 28% para 2025, mientras que China dejaría de aumentarlas tras cinco años a partir de la fecha estadounidense. 

 

Un“Plan de Energía Limpia” emprendido por Barack Obama en el seno de EEUU representa el paso más grande y más importante tomado hasta el momento para combatir el cambio climático. Aboga por una reforma ambiciosa para reducir las emisiones de las plantas energéticas en un 32% en 2030 con respecto a los niveles de 2005, lo que supone un 2% más que en la propuesta anterior formulada por la Agencia de Protección Medioambiental Estadounidense (EPA). Ciertamente existen resistencias a la propuesta en los EEUU. Los opositores a dichas reglas han estimado que el cumplimiento costará miles de millones de dólares, elevará las tarifas eléctricas de los ciudadanos y desacelerará la economía estadounidense. El Gobierno sostiene, en cambio, que estas normas significarán un ahorro para las familias de unos 85 dólares por año, y aportarán beneficios adicionales para la salud, mediante la reducción de las emisiones que causan enfermedades pulmonares y asma.