El nuevo sistema de tarifa eléctrica: la gran incógnita

Y es que, a partir del mes de abril, el precio de la luz ya no se establecerá mediante las subastas trimestrales Cesur, sino fijando un precio calculado en base a la media del mercado mayorista eléctrico (pool) durante el periodo facturado.

Los cambios afectarán a los consumidores con una potencia contratada menor a 10 kilovatios, usuarios de la antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) y que desde el pasado mes de enero ha pasado a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). A esta tarifa pertenecen 16 millones de consumidores, si bien, apenas 7 millones disponen de contadores inteligentes, con discriminación horaria y que pagarán en función del consumo que se produzca en cada momento y el precio del kilovatio en ese instante según su cotización en el mercado. Un funcionamiento muy similar al de la Bolsa.

El resto de usuarios, que actualmente disponen de contadores tradicionales, recibirán su factura con el cálculo del precio medio durante el periodo facturado.

Paralelamente, las ocho empresas comercializadoras de la electricidad: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON, EDP, HC, Empresa de alumbrado eléctrico de Ceuta y Gaselec tendrán que comunicar antes del 30 de abril cuál será su oferta para aquellos consumidores que quieran optar por un precio fijo anual en la tarifa eléctrica.

Este tipo de contratos con un precio fijo de la electricidad tendrán una vigencia anual y no estarán sujetos a las fluctuaciones de los precios del mercado mayorista. Eso sí, los consumidores que se acojan a esta modalidad, deberán comunicar con 15 días de antelación su deseo de que no se prorrogue en aquellos casos en los que no estén obligados a asumir un contrato de permanencia.

En cualquier caso, Industria tiene previsto habilitar una herramienta online a través de su web para que los usuarios puedan comprobar si su recibo es correcto y adecuado a los precios mayoristas del periodo facturado.

El Ministerio de Industria confía en que al eliminar las subastas Cesur y por tanto, su componente inflacionista y especulador, el conjunto de consumidores con menos de 10 Kilovatios (KW) de potencia contratada, podrían obtener un ahorro superior a 200 millones de euros al año, lo que supondría un abaratamiento del recibo eléctrico de un 3% de media. Asimismo, el coste de la energía se reducirá alrededor de un 10%.

Falta de transparencia

Las principales asociaciones de consumidores de nuestro país, FACUA y la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), no se han hecho esperar y, coincidiendo con las eléctricas, denuncian al unísono la nueva propuesta de tarifa eléctrica propuesta por el Ministerio de Industria.

Desde la OCU se advierte a los consumidores que el precio de la luz, según la propuesta del Gobierno, será impredecible ya que no se podrá conocer el precio de la luz con antelación. Además, la OCU ve con preocupación el hecho de que con la liberalización del mercado y la falta de transparencia, los usuarios estén a merced de "agresivas estrategias comerciales" por parte de las eléctricas con el fin de disuadir a los consumidores para contratar las tarifas más elevadas.

La OCU ha creado un blog en su página web titulado http://quieropagarmenosluz.es/blog/ en el que cada día incluyen información relacionada con la tarifa eléctrica y donde los usuarios pueden incluir sus comentarios.

Por su parte, FACUA tilda de "auténtica aberración" el sistema que pretende imponer el Ministerio de Industria y advierte que vulnera la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en la que se establece en su artículo 44, que los consumidores tendrán derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".

FACUA añade que, la pretensión del Ejecutivo vulnera la legislación española en materia de consumo, ya que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones. Se trata de un derecho reconocido en la legislación de protección de los consumidores desde mediados de los años 80.

Un modelo "antimercado"

También existe unanimidad entre los responsables de las empresas eléctricas al calificar el nuevo modelo de tarifa eléctrica como un modelo de gran complejidad que va a generar gran confusión entre los usuarios.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmó que el nuevo sistema que quiere implantar el Gobierno es imposible de aplicar tecnológicamente hoy por hoy. Sánchez Galán declaró que no es contrario al cambio de sistema pero añadió que el verdadero problema de la luz no está en los gastos de generación y distribución sino en el resto de conceptos incluidos en la factura y que suponen un 60% del total del recibo y que son dos veces y media superiores que en países como EEUU.

Las declaraciones de Sánchez Galán se suman a las que en días anteriores ya realizaron otros directivos de las principales eléctricas españolas. El consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, afirmó recientemente en el XI Encuentro Energético organizado por la firma Deloitte que, el nuevo sistema se ha diseñado de manera improvisada y en la forma más "antimercado" posible.

Lo cierto es que, tal y como denuncia la propia patronal, para realizar la facturación por horas se aplicarán 1.464 precios diferentes (61 días por 24 horas) por lo que resultará complicado que dos clientes con una potencia y consumo similares hasta el momento, coincidan en los importes de sus facturas.

En definitiva: la polémica está servida. Y si a esto añadimos que el déficit de tarifa ha superado en 500 millones las previsiones y se sitúa ya en más de 4.000 millones de euros y la reciente intervención en las retribuciones a las energías renovables, el futuro se presenta realmente incierto. ¿Nos encontramos tal y cómo proclama la patronal con una política improvisada y sin rumbo fijo?