Presupuestos generales y otras medidas

Viernes, 06 Noviembre 2020
Escrito por Esther Estévez

La opinión de Esther Estévez, Secretaria General de Amascal

El ciudadano medio tiene suficientes preocupaciones diarias como para interesarse realmente por el contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la situación sanitaria y económica nos obliga a atender cuidadosamente aquellos aspectos de los presupuestos que nos afectarán directamente como ciudadanos y como empresarios. Analicémoslos someramente partiendo de una teoría conocida.

El economista Laffer demostró -mediante su famosa curva- que cada subida de impuestos tiene un límite y que no todo incremento de impuestos acaba en una mayor recaudación para el Estado. Por el contrario, si bajando los impuestos aumenta la recaudación debemos interpretar que aún no se han bajado lo bastante. Cada uno de nosotros deberá cuestionarse si está en condiciones de aguantar una nueva subida de impuestos sin que su maltrecha economía se vea seriamente afectada.

Las subidas de impuestos previstas en el proyecto de presupuestos generales incluyen el IRPF para rentas superiores a 200.000 euros anuales, impuestos sobre bebidas azucaradas, penalización de los fondos de pensiones, tasa Google, reducción de la bonificación del diésel, incremento del tipo de las primas de seguros… Cualquiera de estas propuestas puede suponer una reducción de la inversión, empeorando el empleo en su conjunto.

Adicionalmente el último consejo de ministros ha introducido el proyecto de medidas contra el fraude, que afectará a otro puñado de impuestos sobre la vivienda: ITP, donaciones y patrimonio. Entre otras cosas, pretende implantar el valor catastral como base imponible de estos impuestos, limitar el pago entre empresarios a 1.000 euros en efectivo, eliminar las amnistías fiscales, reducir del límite de deuda con Hacienda, mayor vigilancia sobre las criptomonedas….. En definitiva, nuevas subidas de impuestos y una más estrecha vigilancia.

La regulación del alquiler también forma parte del paquete de nuevas medidas. Esta, que será de carácter autonómico, puede que finalmente no contribuya a mejorar la economía. Hay varios ejemplos de ciudades europeas que ya lo intentaron con resultados insatisfactorios, al menos de momento. El 25% de los españoles vive de alquiler y gasta el 40% de sus rentas en ello. La ONU aconseja no superar el 30%. Esta medida puede hacer pensar que los ciudadanos se beneficiarán de alquileres más bajos y que los propietarios en realidad quieren asegurarse el cobro y no el máximo beneficio. Sin embargo, parece lógico pensar qué, si los propietarios obtienen menos rentabilidad por sus bienes, las casas en alquiler serán objeto de menos reformas, y esto nos afecta directamente. Los particulares se pensarán si realmente merece la pena invertir en pisos para alquilar. Existen medidas alternativas que podrían ser tenidas en consideración tales como que nuestros ayuntamientos invirtieran en vivienda pública accesible a los ciudadanos, verificando que el propio aumento de la oferta hiciera caer el precio.

Las medidas tendrán como siempre sus pros y sus contras. La inacción no valdrá en esta situación, el qué y cómo, es la cuestión. Deseamos que las medidas elegidas sean las acertadas.

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