El gobierno impulsa las renovables y la eficiencia energética con más presupuesto

La partida más importante de gasto corresponde a la transición energética justa e inclusiva, que supone 9.774 millones de euros, de los que 5.390 millones corresponden al Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia.

En relación con estos fondos, 5.300 millones irán destinados al impulso de las energías renovables, la transición energética y la movilidad sostenible; mientras que los 90 millones restantes corresponden al Instituto de Transición Justa, orientados a dinamizar económicamente e identificar oportunidades y generar empleabilidad en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Se afianza, así, el compromiso con una transición energética justa e inclusiva.

En el desglose de los 5.300 millones de los fondos europeos destinados a la transición energética, 1.100 millones corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico; 1.900 millones al desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía o una estrategia específica para las islas; 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país; y 600 millones a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, contará con 422 millones de euros en el siguiente ejercicio de recursos nacionales. Por su parte, el presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) es de 422 millones de euros, un 25,12% superior que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón. De esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, correspondiendo 140 de ellos a prejubilaciones y bajas incentivadas. Cabe destacar que este es el primer presupuesto que incluye ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Además, el bono social térmico se dota de 109 millones de euros.

2.452 millones para medio ambiente

El presupuesto del MITECO destinado a medio ambiente asciende a 2.452 millones incluyendo los fondos europeos, de los que 1.415 corresponden al Plan de Recuperación, Transformación  y Resiliencia.

De estos, 601 millones de euros irán destinados a implementar la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, 500 millones a economía circular, 149 millones a preservación de los recursos hídricos, 144 millones a preservación del litoral y 21 millones a reforzar los recursos y capacidades en meteorología.

Estas partidas pretenden dar impulso a actuaciones de restauración ecológicas, incluyendo recuperación de ecosistemas, zonas afectadas por la minería y medidas de fomento de la conectividad y de reverdecimiento urbano. Las inversiones ambientales se centrarán también en la lucha contra los incendios, la gestión forestal sostenible y medidas de planificación y mejora de masas forestales.

El presupuesto del MITECO pone el énfasis en la conservación de la biodiversidad marina, con el impulso áreas marinas protegidas, programas de conservación de especies y hábitats marinos y mejora del conocimiento del patrimonio natural, a través de sistemas de seguimiento y gestión de conocimiento de la biodiversidad.

En agua destacan las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales; actuaciones de conservación y restauración hidromorfológica; implantación de medidas de conservación y restauración en las reservas naturales fluviales; inversiones para mejorar la seguridad de las presas y los embalses; y actuaciones para mitigar el riesgo de inundación.

En la costa, las inversiones se concentran en actuaciones de adaptación al cambio climático, mediante la recuperación de zonas degradadas, lucha contra la erosión litoral y otras acciones de recuperación del dominio público marítimo terrestre.