CEPCO considera que la futura Ley de Cambio Climático no responde al reto de la eficiencia energética

Concretamente, el artículo 8.2 de la LCCTE establece que, “los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deberán tener la menor huella de carbono posible a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio”. Sin embargo, no se considera la huella de carbono desde el punto de vista de los consumos energéticos del edificio, sino sólo del impacto de los materiales específicos que lo componen.

Desde CEPCO, y las diferentes asociaciones del sector, apuntan que, según datos oficiales, el parque de edificios en España es responsable de aproximadamente el 30% del consumo de energía final, y de un tercio de las emisiones de CO2. Una realidad que se suma al continuo aumento de la factura energética de las familias, muchas de las cuales tienen problemas para afrontar unos gastos desproporcionadamente altos respecto a sus ingresos. Además, desde esta Confederación afirman que “Son cuestiones de gran alcance que, la aplicación del articulado tal y como está redactado, pueden llevar al efecto contrario perseguido por la futura Ley sobre reducción de emisiones para el año 2030 y 2050 en el sector de la edificación”

En ese sentido, según datos de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), y sólo en materia de aislamiento, la adopción de los materiales adecuados en los procesos de construcción o de rehabilitación de un edificio puede evitar la emisión de 200 toneladas de CO2.  La misma cantidad que consumirían 200 árboles a lo largo del mismo periodo de tiempo.  Es decir, las leyes deben servir no sólo para regular la forma con la que se construyen los edificios sino también las técnicas y los materiales que se utilicen, con vistas a garantizar el máximo ahorro energético por parte de las familias. Con este fin, esa Asociación considera que, si nuestro país quiere una mejora efectiva en estos términos, “Los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la rehabilitación de edificios deben contribuir a la disminución de las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del edificio a lo largo del ciclo de vida de dicha actuación o edificio”.

Según las estimaciones de la organización ASEFAVE (Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas) sobre los ahorros económicos ligados a la reducción de emisiones por sustitución de carpinterías en las viviendas, estos llegarían a cifras en torno a un ahorro de 4 millones de euros anuales actuando en 200.000 viviendas anuales, el ritmo que se ha seguido en los últimos años en España.

Por otra parte, desde las organizaciones firmantes, se considera necesaria la modificación del artículo 8.5 de la citada ley, que establece que “las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que favorezcan la consecución de los objetivos previstos en este artículo, con especial atención a la introducción de las energías renovables en la rehabilitación de viviendas fomentando el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia, la calefacción y la refrigeración cero emisiones”.

Una ambición nada desdeñable, pero que ignora que el principio básico para mejorar la eficiencia energética en un edificio consiste en limitar al máximo la demanda energética del mismo, partiendo de un buen diseño del edificio en caso de obra nueva o reformas integrales. O, dicho de otra manera, la solución al estado deficiente del parque actual de edificios en España no pasa únicamente por sustituir el tipo de energía que se consume, sino por reducir el consumo total del edificio, primando las nuevas formas de construcción y de rehabilitación. Desde CEPCO apuntan que “esta Ley debería estar alineada con los principios de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación que jerarquiza las intervenciones energéticas sobre los edificios: limitación de la demanda energética, mejora de las medidas pasivas y, finalmente, dimensionamiento de los equipos de climatización.

Incentivos de la Administración

Para dar respuesta a esta necesidad, AFELMA defiende una alternativa en la siguiente línea: “Las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que posibiliten la consecución de los objetivos previstos en este artículo tanto para el uso eficiente de la energía como para el control de la demanda energética y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el ámbito de la edificación”.

“La emergencia climática debe ser la máxima prioridad de las autoridades de nuestro país. En Afelma consideramos que las AAPP no han tenido demasiado en cuenta la importancia de la edificación a la hora de responder a este reto, o al hecho de que las familias españolas tienen que hacer frente a unos gastos energéticos muy superiores al resto de los europeos, a pesar de vivir en un país con un clima relativamente suave. Si no se adoptan medidas legislativas concretas que impulsen la adopción de criterios más avanzados en materia de construcción y rehabilitación, justo en un momento en el que gracias a los fondos europeos se va a invertir más de 6.000 millones de euros en la renovación de los edificios, seguiremos estando rezagados respecto a nuestros socios europeos”, ha comentado Oscar del Río, presidente de AFELMA.

Por su parte, ANEFHOP, la patronal de los fabricantes de hormigón, resalta que, “La ley de Cambio climático es clave y fundamental para dirigir los esfuerzos de todos los implicados de una forma clara y coordinada. El esfuerzo individual no puede aportar el mismo valor que el conjunto, por ello esta ley tiene que poner en valor el resultado final obtenido, no de cada elemento constructivo per se. Queremos que esta ley sea impulsora de un cambio, por eso es importante que sea clara en su contenido”.