Cogeneración, renovables y residuos en alerta ante la nueva propuesta de retribución

La orden desarrolla el real decreto por el que desaparecen las primas a las renovables, cogeneración y residuos, estableciendo un sistema de retribución según parámetros de inversión.

El modelo propuesto por el Ministerio de Industria, articula las bases de un nuevo marco retributivo "que permita a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, a las de cogeneración de alta eficiencia y residuos cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener una rentabilidad razonable".

Para ello, ha elaborado una clasificación de instalaciones tipo, con un código específico en función de la tecnología, potencia, combustible, antigüedad, etc., lo que le ha llevado a establecer más de 1.400 estándares retributivos diferentes: 805 para la cogeneración, 576 para la fotovoltaica, 23 para la eólica o 18 para la termosolar.

El documento también recoge las vidas útiles de las instalaciones. Para la cogeneración, 20 años; en el caso de la fotovoltaica, 30 años; y para la termosolar, 25 años. Asimismo, establece un incremento anual de la retribución percibida del 1% hasta el final de la vida útil de la planta.

Tras conocerse estos datos, las reacciones no se han hecho esperar y desde varias asociaciones empresariales se muestra la preocupación sobre "el impacto de estos recortes sobre la competitividad de las industrias, su capacidad de exportación y su empleo".

La Asociación Española de Cogeneración, ACOGEN, ha hecho público un comunicado en el que alerta sobre el riesgo de desaparición de la cogeneración en España ya que los parámetros retributivos planteados en la Orden ministerial, según la Asociación, no reflejan todas las tecnologías de las industrias cogeneradoras (ciclos combinados, trigeneraciones, multicombustibles, etc.).

A este hecho habría que añadir que tampoco tienen en consideración la realidad de horas de funcionamiento de las industrias, mayoritariamente de proceso continuo, que operan unas 8.500 horas al año y a las que ahora se pretende limitar la operación a 6.000 horas.

Aunque la Ley, la propuesta de decreto y la orden de desarrollos establecen de forma tajante que se cubrirán todos los costes de operación de las plantas que utilizan combustibles, así como sus gastos por impuestos energéticos, CO2, mantenimiento, etc., son cientos las empresas que han realizado sus cálculos en base a los nuevos parámetros y afirman que los números no están bien hechos y que no les permitirá cubrir los costes.

La compleja metodología empleada, 806 modelos retributivos de aplicación a unas 970 plantas de cogeneración, está dificultando el cálculo del impacto económico en la actividad cogenerativa. A este hecho, habría que añadir los recortes sufridos en 2013 por más de 650 millones de euros, el 22% de los ingresos obtenidos por la cogeneración, lo que provocó la parada del 20% de las plantas.

En la actualidad, el 20% del PIB industrial nacional fabrica sus productos con cogeneración. Los sistemas de cogeneración instalados en las industrias permiten la producción de energía eléctrica (por la que reciben subvenciones) y energía térmica útil. Con ello, pueden autoabastecerse y reducir sus costes energéticos ganando en competitividad.

Teniendo en cuenta que el 50% de los productos fabricados con energía proveniente de la cogeneración se exporta y las industrias vinculadas a esta actividad suman 200.000 empleos directos, el impacto de estos recortes podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por las empresas en busca de la recuperación económica.

Según Javier Rodríguez Morales, director general de la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN): "en España, no podemos permitirnos ni tan siquiera imaginar escenarios de mayores paradas, deslocalizaciones y pérdidas de empleo en la industria, porque ésta, la industria, es la mejor apuesta nacional para revertir la crisis y, en ello, supongo que coincidimos plenamente con el Gobierno".

Por su parte, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), denuncia a través de su presidente, José Miguel Villarig que la pretensión de reducir la retribución para las renovables persigue "cuadrar el déficit de tarifa de 2013, 2014 y años sucesivos" y añade en un comunicado que "es discriminatorio que el Gobierno solo aplique medidas de ajuste al sector de las energías renovables para cuadrar cifras del sector eléctrico ".

Lo cierto es que la pretensión inicial del ministro de Industria, José Manuel Soria, fue la de distribuir el déficit tarifario de 26.000 millones para 2013, entre consumidores (a través del recibo de la luz); compañías del sector (mediante más impuestos y menos subvenciones); y el Estado quien aportaría 3.600 millones de euros con cargo al presupuesto, acuerdo revocado finalmente por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro que decidió dar marcha atrás y negociar directamente con las empresas del sector eléctrico.

Desde el Gobierno y desde distintas instituciones se ha querido desvincular la nueva propuesta de retribución del déficit tarifario afirmando que este nuevo sistema de retribución al régimen especial "se adecúa a parámetros de eficacia y eficiencia "minimizando el coste final para el consumidor".

El hecho es que la propuesta del Ministerio de Industria con la nueva retribución para las energías renovables, cogeneración y residuos ya ha sido aprobada en el Consejo de Estado y podría ser ratificada en el próximo Consejo de Ministros desoyendo las voces de varias asociaciones empresariales que ya han anunciado que presentarán alegaciones ante la CNMC y que acudirán a los tribunales si fuera necesario.