Rehabilitaciones y reformas: medidas específicas para la recuperación económica

Los principales retos que se plantea son retomar la actividad ordinaria de una forma segura, gradual y escalonada para evitar, en caso de nuevos rebrotes del virus, nuevos confinamientos que tendrían un grave impacto en la actividad económica y en la confianza de la sociedad; enfrentar los problemas de liquidez de las empresas que genera la reducción de los ingresos por la falta de actividad y el hecho de tener que seguir afrontando gran parte de sus costes, y preservar el tejido de pymes y autónomos que conforman el elevado porcentaje de la estructura productiva y son, además, más vulnerables a episodios como el actual. Asimismo, este estudio prevé que esta crisis va a provocar cambios en la sociedad que tendrán efectos a medio-largo plazo y conducirán a una transformación de la economía.

Una importante área de futuro

Los expertos consultados por la CEOE consideran que se debe propiciar una recuperación que apoye a la iniciativa privada y que contribuya al fortalecimiento sectorial para conseguir una economía moderna: más competitiva, más resiliente y también más sostenible. Y cree que los motores para arrastrar y movilizar la economía son los sectores financieros, energético, de tecnología y telecomunicaciones y de infraestructuras, construcción – que incluye la rehabilitación - e inmobiliario. Y, en este último apartado, hace una referencia concreta a la rehabilitación en el parque ya existente como una importante área de futuro. La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma Eficiente (ANERR) señala que el de las reformas y rehabilitación es un sector muy atomizado en España. Y, en este sentido, estima que hay más de 22.000 empresas que se dedican a ello, y que entre el 70% y el 80% son pymes o micro pymes. Su directora general, Miriam García, con la mirada en el futuro inmediato y a corto plazo, incide en la importancia de apremiar a la Dirección General de Vivienda con el fin de acordar medidas específicas para las empresas del sector, ya que cree que, si la administración ayuda, la recuperación será rápida, a pesar del impacto tremendo que ha tenido en las empresas agremiadas.

Un plan de recuperación

ANERR ya ha hecho público que la crisis del coronavirus ha afectado de manera significativa a todos los sectores de actividad relacionados con la construcción, pero de forma mucho más intensa al segmento de la reforma y rehabilitación debido a las restricciones impuestas a las obras en edificios habitados. La declaración del estado de alarma del 14 de marzo supuso la paralización de todos los sectores de actividad excepto los esenciales y, aún y así, permitió a las empresas de rehabilitación y reforma continuar sus tareas hasta el 30 de marzo, cuando se indicó que debían paralizar sus proyectos. Junto con la paralización de la actividad – comentan - fueron incesantes las solicitudes de ERTEs por parte de pequeñas y medianas empresas, que no podían soportar los costes y las nóminas de sus empleados sin tener ingresos derivados de su actividad. En el caso de los autónomos, que – como se apunta desde la entidad - tienen que soportar ingentes gastos, la desaparición de actividad implica no tener capacidad de ingresos, lo que obligó a muchos a cesar también su actividad.

Entre las medidas generales del Gobierno para paliar las consecuencias del COVID-19, en las que queda incluido el sector de la rehabilitación y reforma, el pasado 31 de marzo – argumentan - se aprobó un subsidio excepcional para los trabajadores temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima. Con esta medida se equipara a los temporales que no hayan sido incluidos durante el estado de alarma en expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs), pues estos sí cobraban prestación, aunque no reunieran el periodo de carencia. Otra de las medidas que se han llevado a cabo, exponen, han sido la ampliación en el alcance de la moratoria hipotecaria de 3 meses a los autónomos, profesionales o pymes que padezcan extraordinarias dificultades y los préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. Además, algunas comunidades autónomas han puesto en marcha planes de ayudas para sufragar las cuotas de la Seguridad Social de todos los autónomos durante los meses de marzo y abril.

Si bien ANERR considera que este conjunto de medidas son positivas, señala que resultan insuficientes, ya que son muchas las incertidumbres que se abren en relación con el futuro. Se confía en la puesta en marcha de un plan de recuperación específico, que permita dinamizar al sector de forma rápida; que impulse la rehabilitación y la reforma, y que haga del sector un pilar de la deseada recuperación, siempre garantizando la seguridad de las personas y siguiendo todas las medidas de seguridad decretadas por el Ministerio de Sanidad. A pesar del levantamiento de la actividad en el ámbito de la construcción, a mediados de abril, la situación siguió siendo complicada, ya que la vuelta a la actividad no es igual en obra pública, locales comerciales, rehabilitaciones integrales de edificios y, en general, en aquellas en las que no hay habitantes y, por tanto, no presentan un peligro sanitario, si se mantienen las medidas de forma muy estricta; que en las viviendas en comunidad, puesto que se prohibió intervenir si hay habitantes en el edificio. Una salvedad que únicamente se aplica si la actividad se ejerce desde el exterior, en fachadas o cubiertas, o se trata de una situación de emergencia.

Fondo de garantía de documentación comercial

Así pues, como apunta la asociación, por un lado, el trabajo en las obras se mantiene, dado que no hay ninguna indicación contraria y, por otro lado, los inconvenientes existentes en relación al abastecimiento, así como formación en cuanto a su uso, de equipos de protección está resolviéndose, de modo que los trabajadores pueden trabajar con seguridad. En este sentido, se ha valorado la reacción y apoyo de las empresas especializadas en protección de riesgos laborales, que a su parecer han reaccionado muy bien y están siendo un gran apoyo, puesto que para que una obra esté activa se exige disponer de un plan de riegos específico y verificado.

Esta entidad ha manifestado que confía en que se vaya retomando la actividad en el sector lo antes posible porque será la duración del estado de alarma lo que repercuta en mayor o menor medida en todas las empresas del sector. Finalmente, como sostiene, se es optimista en cuanto al futuro a corto y medio plazo porque se es consciente que la renovación, reposición, reforma y rehabilitación constituyen sectores fundamentales para reactivar la economía.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Material de Construcción (Andimac), por su parte, ha difundido que, según sus cálculos, el parón de la actividad en el mercado del sector de la rehabilitación y reforma debido a la actual situación de emergencia ocasionará cerca de 3.000 millones de euros de pérdidas. La disminución de actividad en la construcción argumenta, rondará el 80% entre los meses de marzo y mayo y que, a ello, hay que añadirle – razonan - la morosidad, que representa un problema añadido. Esta entidad reclama la creación de un fondo de garantía de documentación comercial para asumir los compromisos de pago, y mecanismos de financiación europeos que salvaguarden las constantes vitales de pequeñas empresas y autónomos saneados y solventes.

Prioridad para la UE

A todo esto, la Comisión Europea (CE) ha manifestado que la rehabilitación de edificios, privados y públicos será una prioridad dentro del plan de recuperación económica de la Unión Europea (UE). En un documento preparatorio, que tiene previsto aprobar a lo largo de este mes de mayo, la rehabilitación de las viviendas y edificios públicos, y las energías renovables son las áreas de mayor inversión en la fase más urgente. En concreto, estima que la renovación del parque inmobiliario puede requerir una inversión de hasta 250.000 millones de euros anuales. La propuesta apunta a la integración de planes previos a la pandemia, como el Pacto Verde y la Agenda Digital, con el objetivo de realizar inversiones en sectores que garanticen un futuro sostenible. Por esta razón, la primera etapa, que duraría de 12 a 24 meses, además de priorizar la inversión en el sector de la construcción, potenciaría la digitalización de servicios e industrias. Actualmente, los edificios son responsables del 36% de los gases de efecto invernadero, por lo que llevar a cabo rehabilitaciones sería fundamental para cumplir con los objetivos de neutralidad en emisiones que Bruselas tiene fijados para 2050.

La CE calcula que será necesaria una inversión de 50.000 millones de euros al año procedentes de fondos públicos y, de hecho, la contribución europea a esa partida se fraguaría mediante los fondos estructurales o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Asimismo, el plan incluiría subsidios a fondo perdido tanto a particulares como a ayuntamientos.