CONAIF expone al Partido Popular y PSOE el problema actual de la desregulación de la fontanería
- Escrito por Idoia Arnabat CALORYFRIO
CONAIF se ha dirigido a los dos principales partidos políticos nacionales, PP y PSOE, para informarles del problema que actualmente presenta la fontanería en España como consecuencia de la aplicación de la Ley Ómnibus, y recabar de ellos su implicación para lograr solucionarlo.
A día de hoy en España no existe un criterio común en cuanto a los requisitos necesarios para poder ejercer esta actividad en las diferentes comunidades autónomas. La regulación es absolutamente dispar, lo que entorpece la movilidad de las empresas instaladoras dentro del territorio español. Incluso se dan los casos de comunidades en las que no existe ningún tipo de regulación al respecto, circunstancia ésta que favorece el intrusismo profesional.
Esta iniciativa de CONAIF supone un paso más en nuestro objetivo de reestablecer las habilitaciones profesionales en toda España, tras habernos dirigido anteriormente y con el mismo fin al Ministerio de Sanidad, y haber mantenido varias reuniones con altos responsables de los Ministerios de Vivienda, Industria y Economía.
Extracto de la Editorial de la Revista CONAIF sobre la regulación de la fontanería
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, más conocida como Directiva de Servicios, nació con el objetivo de liberalizar la prestación de servicios dentro de la Unión Europea. Su transposición al ordenamiento jurídico español se realizó mediante iniciativas legislativas como la Ley Ómnibus, que acabó, salvo alguna excepción, con los carnés profesionales de los instaladores.
En el caso de la fontanería fue el Código Técnico de la Edificación el que puso fin en 2.006 a las "Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua” del año 1.975 y terminó, asimismo, con el carné de instalador de fontanería en el ámbito nacional.
En la actualidad la realidad de esta área es bien distinta a la de hace unos pocos años. Se ha acabado con la regulación a nivel nacional de la profesión y los profesionales, y dejado esta potestad en manos de las comunidades autónomas. Ahora son ellas las que según su criterio particular establecen si los instaladores de fontanería deben reunir algún requisito o no para poder ejercer la actividad en sus respectivos territorios.
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