morosidad

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la que CONAIF es miembro y una de las organizaciones fundadoras, en su reunión con Antonio Beteta (secretario de Estado de Administraciones Públicas) y su equipo, ha trasladado al Gobierno la que puede ser una solución factible para que pymes y autónomos no se vean obligados a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado, unos 800 millones de euros anuales, según fuentes oficiales.

"Con el objetivo de salvaguardar los intereses de estos colectivos frente a la rampante morosidad, hemos diseñado una alternativa que sustituye el criterio de devengo por el de caja en la liquidación del IVA de pymes y autónomos recurriendo a soluciones ya utilizadas por la Agencia Tributaria que permiten eludir los problemas técnicos que retrasan la implantación”, explica el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 24 de febrero la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley Orgánica y un Real Decreto-Ley 4/2012 para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las Administraciones Públicas con la misma finalidad.

La grave situación de la actual crisis económica, que ha traído consigo que las Administraciones acumulen importantes retrasos en el pago de sus facturas, ha sido el principal detonante que ha promovido al Gobierno a aprobar estas medidas. Con el Real Decreto-Ley 4/2012 aprobado por el Ejecutivo, un buen número de los proveedores de las entidades locales presentarán en el menor tiempo posible sus facturas al cobro en las entidades financieras.

La Ley española fija los plazos de pago de las Administraciones Públicas a proveedores en 40 días y los de empresas a 75, mientras que la directiva europea, que podría adelantarse a este año, lo hace en 30 y 60 días respectivamente, previendo la posibilidad de cobrar interés legal de demora, así como la compensación por los costes de cobro. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en base al calendario transitorio establecido en la misma, durante el año 2012 hay que aplicar en las operaciones comerciales, los nuevos plazos de pago máximos recogidos en la citada ley.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha iniciado el requerimiento de pago a aquellas empresas y administraciones que están incumpliendo los nuevos plazos legales de 30 y 60 días. La puesta en marcha de estas acciones son consecuencia de las numerosas quejas y denuncias por el incumplimiento de la Ley 15/2010, de Medidas de Lucha contra la Morosidad.

Esta ley establece un plazo máximo de pago de 30 días para la administración y de 60 días para el sector privado, los cuales computan desde la fecha de recepción de la mercancía o prestación del servicio, con independencia de la fecha de emisión o recepción de la factura. La aplicación de estos plazos no es automática si no que se realizará de forma gradual a lo largo de un periodo transitorio hasta el 2013.

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de Medidas de Lucha contra la Morosidad que entró en vigor ayer, 7 de julio, implicará un cambio histórico en la cultura de pago en España. Esta reforma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, establece un periodo obligado de cobro de 60 días con el sector privado y 30 días con el público, eliminando la posibilidad del pacto entre partes.

La importancia histórica de esta reforma legal se pone de relieve al observar la realidad actual en España. Según una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en España, correspondiente al primer trimestre del 2010, el 51% de las empresas ha observado que el plazo de cobro medio con empresas privadas se ha alargado.