Javier García Breva: “España podría ahorrar casi la mitad de la energía que consume"

 

En la actualidad desarrolla su actividad profesional como experto en políticas energéticas desde La Oficina de JGB (www.tendenciasenenergia.es)  una  consolidada iniciativa encaminada a impulsar el uso racional de la energía como factor para mejorar la competitividad de la economía, y es Presidente de N2E (www.n2e.es) (Coalición empresarial para un Nuevo Modelo de Negocio Energético).

 

Así transcurre la entrevista:

 

¿En qué momento se encuentra España energéticamente hablando?

 

España se encuentra en una situación privilegiada. Es el único país de la OCDE donde la potencia instalada duplica la demanda punta. Es el escenario ideal para hacer con tranquilidad una planificación energética a largo plazo para reducir los principales costes energéticos: la dependencia energética de los combustibles fósiles, la elevada intensidad energética, sobre todo en los edificios y el transporte, y el incremento de las emisiones de CO₂ que impactarán directamente en todo el litoral por los efectos del cambio climático.

 

¿Cuál es su opinión sobre el Decreto puesto  en marcha por el Gobierno con respecto a la regulación de las energías renovables?

 

Pretender acabar con el déficit de tarifa paralizando las futuras instalaciones renovables y recortando la retribución de las existentes es un error porque no afronta las verdaderas causas del déficit de las tarifas de la luz y el gas que son, entre otras, la bajada estructural de la demanda eléctrica, la conformación de precios del mercado mayorista que se referencian a los de las fuentes más caras que son los combustibles fósiles o la sobrecapacidad de infraestructuras gasistas. Ese error impide que se reduzcan los costes de la energía con una mayor cuota de renovables en el sistema porque entran a coste cero. En 2013 y 2014 se ha comprobado que el mayor consumo de renovables ha reducido el precio mayorista y el mayor consumo de las fuentes convencionales lo ha aumentado.  Según APPA, en 2013 las renovables abarataron el precio del pool en 5.871 millones de euros (26,3 €/MWh) y la reforma ha impedido que ese ahorro llegue a los consumidores.

 

¿Existe un plan para la realización de una transición energética en España? Existe, de hecho, alguna estrategia en materia energética en nuestro país?

 

Lo que existe desde 2008 es un estado permanente de reforma regulatoria que, en realidad, es un estado de riesgo regulatorio e inseguridad jurídica que solo persigue un objetivo: asegurar la sostenibilidad económica del sistema, es decir, los ingresos del sector energético a través de un método que establece la Ley 24/2013 para que cualquier déficit se cargue a los generadores y a los consumidores. En el caso de las infraestructuras, como hemos visto en el almacén de gas Castor, se consideran como básicas para el sistema y se cargan directamente a los consumidores. Los consumidores financian a través de los peajes dos terceras partes de los costes del sistema.  Por esa razón el ahorro de energía o el autoconsumo se consideran menor facturación y la reforma prescinde de ellos. Es una estrategia cortoplacista que no reducirá los costes energéticos.

 

"La recuperación del empleo y de la economía en España va a depender de lo que se avance en eficiencia energética."

 

Siempre he dicho que el ahorro de energía es la primera riqueza energética que tenemos por el potencial de ahorro en todos los usos de la energía. España podría ahorrar casi la mitad de la energía que consume. En los edificios y el transporte se está produciendo una verdadera revolución energética en todo el mundo a través de la generación descentralizada. Vamos a un modelo distribuido y eficiente en el que cada centro de consumo será a la vez un centro de generación. Esa es la auténtica competitividad energética. La eficiencia energética es rentable aunque solo sea por su impacto en la reducción de las importaciones energéticas y de emisiones. Pero es más, el objetivo de eficiencia energética arrastra al de renovables y CO₂. Cuanto mayor sea el esfuerzo en eficiencia mayores serán los avances en renovables y reducción de CO₂. La recuperación del empleo y de la economía en España va a depender de lo que se avance en eficiencia energética.

 

¿Se está fomentando rehabilitación como vía de escape a la crisis que vive el sector de la construcción y al mismo tiempo se están incentivando las mejoras en la eficiencia energética de los edificios mediante Planes Renove  y otras fórmulas de financiación ¿Qué opina acerca de estas medidas?

 

Las directivas europeas de eficiencia energética han impulsado una nueva legislación sobre rehabilitación y certificación energética de edificios como es la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que prioriza las renovables y el ahorro de energía en los edificios. Pero esa ley se contradice con la reforma energética que impide, mediante la subida del término de la potencia contratada en el recibo de la luz, financiar con los ahorros la rehabilitación energética. Faltan otras vías de financiación como el Fondo Nacional de Eficiencia Energética o instrumentos que permitan aprovechar los fondos europeos para 2014-2020,que suman 36.000 M€ y que el acuerdo de asociación entre España y Bruselas determina que el 22% se han de dedicar a objetivos de lucha contra el cambio climático. Lo que hay que procurar es que las medidas de más rápida aplicación, como son los planes Renove, no impidan las de rehabilitación más profunda, sobre todo porque los fondos europeos están más orientados hacia estas últimas.

 

¿Cree que la industria y las empresas españolas deberían involucrarse en mayor medida en este proceso?

 

Yo creo que una inmensa mayoría de las empresas españolas están interesadas en la eficiencia energética y en reducir sus costes energéticos. Solo hay que recordar que la energía supone un 30% de los costes de explotación de un edificio y la tendencia es que va a aumentar en los próximos años. El problema es que la reforma energética no ha dado ni señales de precio ni instrumentos financieros; es más, han visto como lo que el BOE te da hoy, mañana te lo puede quitar. Un primer balance de las certificaciones energéticas de edificios nos dice que más del 95% de nuestros edificios y viviendas necesitan actuaciones de eficiencia energética y que la diferencia entre una calificación A y una G es de un ahorro del 80% del consumo de energía. El Gobierno debería cuantificar lo que estos datos suponen de beneficio para el país en términos de reducción de importaciones energéticas, creación de empresas, de nuevos empleos, de revalorización de parque edificado, de innovación tecnológica, de reindustrialización, de competitividad en suma y enviar señales claras de fiscalidad y financiación para aprovechar todo ese potencial. 

 

 

¿Se está actuando de forma correcta con respecto a la información, regulación  y coordinación de las  acciones necesarias para que un edificio pueda obtener la calificación energética acorde a sus características? Se lo pregunto porque parece existir un gran desconocimiento en esta materia entre la ciudadanía.

 

Nunca ha habido una coordinación suficiente entre las administraciones central, autonómica y local en estos temas porque ha predominado el conflicto competencial. La mayor parte de las competencias en edificios y urbanismo están en las regiones y ayuntamientos. Yo creo que el cambio energético va a venir de abajo arriba, es decir, son los ayuntamientos y las autonomías las que están adaptando a sus normas la Ley 8/2013. Es importante, porque el tratamiento que esta ley da a la certificación energética es más amplio que el del RD 235/2013. Las autonomías y ayuntamientos pueden convertir la calificación energética en un instrumento muy poderoso. Las autonomías tienen el registro, la inspección y las sanciones y los ayuntamientos en sus ordenanzas y planes de ordenación municipal pueden determinar las características energéticas de todos los edificios, incluso los contadores, y el ámbito de la certificación energética.

 

Cambiando de tercio, la Unión Europea ha establecido unos objetivos del 40% en cuanto a reducción de emisiones de gases efecto invernadero y, aunque no son vinculantes, ¿cree que son realistas y asumibles por España?

 

El modelo económico de España hasta la crisis ha sido muy derrochador de energía, tanto en el transporte como en la edificación, por lo que nuestro potencial de reducción tanto de la intensidad energética como de las emisiones de CO₂ es más alto que la media europea. La energía ha estado ausente de la planificación territorial y ese error ahora es una gran oportunidad. En nuestro caso aún contamos con una tecnología e industria nacional de renovables que puede superar  esos objetivos. Según  APPA las renovables evitaron en 2013 más de 50 millones de toneladas de CO₂. ¿Quién da más? La falta de objetivos nacionales vinculantes para 2030 poco va a ayudar a los objetivos de 2030.

 

 

¿De qué forma repercutiría en nuestro país el hecho de lograr estos objetivos? Teniendo en cuenta la gran dependencia que tiene nuestro país energéticamente hablando…

 

Estamos comprobando estos días cómo es más importante para el futuro de nuestro país cuando vemos el riesgo que supone para una economía tan dependiente de las importaciones de gas y petróleo, que suponen entre el 4% y 5% de nuestro PIB cada año, la volatilidad de los precios de los hidrocarburos que viene impuesta por los dueños de las materias primas. Las fuentes renovables y la eficiencia energética garantizan la seguridad energética de un país y no los combustibles fósiles. Una dependencia del 56,5% del gas argelino no es racional y menos cuando el gas referencia los precios del pool eléctrico. Por el contrario, ni Argelia ni Arabia Saudí nos pueden imponer los precios del viento y el sol. El primer objetivo de la política energética de nuestro país debería ser la reducción urgente de nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

 

¿Cree que el nombramiento de Miguel Arias Cañete como Comisario de clima y Energía en la Unión Europea influirá en nuestra situación actual? Por ejemplo, con respecto  al tema de las interconexiones energéticas, con respecto a los objetivos mencionados anteriormente.

 

Creo que el problema no es Arias Cañete sino la orientación  de la nueva Comisión Europea porque Arias Cañete es un cargo importante pero de tercer nivel. De momento han relajado los objetivos de clima y energía para 2030 y han dado libertad para que cada país determine su propia política energética y esta renacionalización de la estrategia energética es un paso atrás. Con respecto a las interconexiones alguien debería explicar por qué desde 2002, cuando se aprobó el 10% de capacidad de interconexión, los sucesivos gobiernos no  hicieron nada y doce años después es la primera preocupación o por qué si desde 2008 ha descendido la demanda de gas se importa más gas. Dejarlo todo al plan inversor de J.C. Juncker tiene un riesgo y es no saber cómo y quién pagará las interconexiones. Por lo demás yo me remito a lo que la Comisión Europea viene diciendo desde 2010 y es que necesitamos las interconexiones para integrar masivamente las renovables.

 

¿Con respecto a las políticas energéticas de la Unión Europea no cree que existen diversas políticas en muchos casos, alejadas unas de otras, cuando debería existir un consenso común en materia energética?

 

La energía no ha sido nunca una política común europea y sigue sin serlo. Este es un gran defecto de la UE que hace que existan ahora mismo 28 políticas energéticas todas diferentes. Eso tiene un consecuencia inmediata en el cumplimiento de las directivas y en su transposición a las normas nacionales. Y tiene una segunda consecuencia más grave, que tampoco existen normas claras sobre la competencia y las diferencias entre los Estados miembros son tan considerables que ese imprescindible consenso es difícil de construir.

 

¿Puedo preguntarle su opinión acerca del fracking?

 

El fracking es un recurso energético más escaso que el petróleo y el gas, sólo viable con un precio elevado del petróleo convencional pero con un coste de destrucción del territorio, de recursos hídricos y de contaminación que la sociedad no puede asumir. Las limitaciones se ven estos días al bajar el precio del barril de crudo y ya no salen las cuentas. En sociedades tan urbanizadas como la nuestra es un disparate porque destruye más que crea. Donde se haga fracking no se podrá hacer nada en la vida. ¿Es ese el concepto de ordenación del territorio que necesita el futuro de nuestra economía? Nuestra crisis empezó por la liberalización del  uso del suelo y el fracking ha empezado igual, como un negocio especulativo. Por eso nadie habla de sus costes. La autosuficiencia energética más barata y menos dañina para el territorio es la de la generación descentralizada y el fracking representa el modelo energético vertical y centralizado que hace de la falta de transparencia su identidad.

 

¿Cómo ve España dentro de 50 años?

 

Me la imagino con unas instituciones políticas que hayan recuperado la credibilidad que ahora no tienen y que hayan puesto al ciudadano como centro de la participación y las decisiones. En energía sería la España en la que el consumidor fuera  dueño de su contador inteligente y el centro del sistema energético como consumidor generador y parte activa de la gestión de la demanda a través del autoconsumo y el almacenamiento en una ciudad