Tal y como explica a Caloryfrio.com, Georgios Tragopoulos, técnico de Eficiencia Energética y Movilidad de WWF, en España “llevamos años hablando sobre la rehabilitación energética de los edificios y, sin embargo, el sector de la rehabilitación no acaba de arrancar”, ya que “con una tasa anual de rehabilitación energética integral menor de 0,5% del parque existente estamos muy lejos de objetivos como la tasa anual del 2% que se propone en la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España””.

En su opinión, la rehabilitación energética es “un punto clave para transformar el espacio urbano, mejorando las unidades funcionales (edificios) del mismo hacia una mayor sostenibilidad que conlleve una reducción del consumo energético fósil, la reducción de las emisiones de CO2 y la mejora de la calidad de la salud y de la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de las franjas más vulnerables a los impactos del cambio climático”.

Teniendo en cuenta este contexto y con una extensa trayectoria en materia de rehabilitación energética y transformación del espacio urbano, esta entidad ha colaborado con la consultora Gea21 para realizar este estudio. En cuanto a qué colectivos de expertos se han consultado para llevar a cabo la redacción del estudio y en relación a qué criterios se han seguido para elegirles, este profesional nos expone que “desde el principio quisimos obtener una perspectiva amplia sobre el asunto y, por tanto, antes de empezar la elaboración del documento convocamos un taller con representantes de los sectores de la arquitectura, la salud, la sociedad civil y las universidades que han trabajado durante mucho tiempo en esta materia.

De esta manera concentramos una información muy valiosa y multidisciplinar sobre un asunto bastante amplio y complejo como es la salud en relación con las condiciones de confort en las viviendas españolas y los impactos del cambio climático”.

Proteger a los más vulnerables

La población en las ciudades cada vez es más vulnerable a los efectos derivados del cambio climático, puesto que las viviendas necesitan cada vez más energía para mantener el mismo nivel de confort y hay quien, dada su situación socioeconómica, no se puede permitir pagar las facturas.

Según WWF, en este documento “el término confort puede ser diferente para cada grupo de individuos (mujeres, hombres, niños, personas mayores, etc.) y se define por parámetros tales como el ritmo metabólico, la temperatura del aire, la radiación media, la velocidad del aire (ventilación), la humedad relativa, la actividad que se realiza, etc.”. Sin embargo, matizan “podemos aceptar que existen unas condiciones medias que garantizan una mejor sensación térmica para todos los grupos dentro de las viviendas y estas condiciones son en general unas temperaturas medias no menores de 18-20˚C durante el invierno y no mayores de 25-27˚C grados durante el verano.

El estudio incide en que el 75% de las 18 millones de primeras viviendas no cumplen con los estándares de confort necesarios

Naturalmente también se tiene que tener en cuenta la humedad y la ventilación de los espacios. Parece ser que el problema ahora mismo en España es que un alto número de los miembros de las comunidades de vecinos necesitan consumir grandes cantidades de energía para poder llegar incluso a estos umbrales térmicos y el resultado es que haya muchos casos donde no se puede hacer frente de las facturas energéticas de final del mes u otros casos en que directamente la calefacción o la refrigeración no se enciende o no se enciende lo suficiente como para cubrir las necesidades térmicas de las viviendas”.

Los análisis como el que acaba de difundir esta entidad evidencian que las personas más afectadas por la existencia de edificios “ineficientes”, siempre desde un punto de vista energético, son precisamente las unidades familiares que disponen de menos recursos.

El estudio incide en que el 75% de las 18 millones de primeras viviendas no cumplen con los estándares de confort necesarios. De hecho, 4,5 millones de hogares en nuestro país no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno y 3,3 millones no lo consiguen en verano. Y ello en un contexto en el cual – vaticinan los expertos - si no se toman medidas desde ahora y hasta finales del siglo, tres cuartas partes de la población estarían expuestas a fenómenos climatológicos extremos.

Esta situación, comenta el representante de esta organización, “se agravará con el avance del cambio climático en España que conllevará temperaturas medias más altas y más fenómenos climáticos extremos como olas de calor/frio, lluvias torrenciales, etc. que, además, serán de mayor duración e intensidad”.

Siendo así, es más probable que cada vez un mayor número de ciudadanos puedan acabar entrando en situación de vulnerabilidad, ya que no serán capaces de costearse la energía para mantener el confort en sus casas y, debido a ello, como Georgios Tragopoulos advierte, “ahora es más necesario poner en marcha realmente la rehabilitación energética de las viviendas en España, con criterios sociales, protegiendo a los más vulnerables y poniendo las bases de un parque de viviendas, no solo de menor consumo energético y menores emisiones de CO2, sino que también se pueda adaptar mejor a las impactos del cambio climático que han de venir.

Finalmente, no hay que olvidar que con el avance de este cambio climático y el envejecimiento de la población española cada vez más ciudadanos entrarán en situación de vulnerabilidad o pobreza energética, ya que los costes energéticos y la necesidad de consumo aumentarán”.

Mayor resiliencia frente los retos climáticos

El documento hace referencia al hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye un 30% de la mortalidad adicional que se produce en invierno a las condiciones inadecuadas de las viviendas. Este es un porcentaje que, en el caso de España, podría llegar a suponer al año la muerte de más de 800 personas durante el invierno y ésta es una cifra que, señalan en este estudio, presumiblemente aumentará a lo largo de los próximos años, mientras el cambio climático avance y la población envejezca cada vez más.

En base a estos datos, se insiste en la importancia de rehabilitar energéticamente los edificios residenciales para reducir el consumo pero, al mismo tiempo, reducir las emisiones de CO2 y, de esa forma, contribuir a minimizar el cambio climático. Estas serían medidas que, además, supondrían una disminución en los costes sanitarios del país e incidirían en la dependencia energética.

Y yendo más allá, este colectivo sugiere que la administración incorpore el enfoque de la salud a la hora de gestar políticas de vivienda y que, en este orden de cosas, integre en esas políticas la información de que se dispone sobre el cambio climático y que, por tanto, adapte la construcción de edificios residenciales al previsible panorama que se dará en escenarios futuros.

Las intervenciones subvencionables son la mejora de la accesibilidad, la mejora de la eficiencia energética con énfasis a la mejora de la envolvente térmica, la conservación del edificio, pero también gastos como los honorarios o el ICIO

Si la rehabilitación energética se contemplara, efectivamente, como política social, los expertos consultados por WWF consideran que “cambiaría el enfoque y se dirigiría principalmente hacía las franjas de la sociedad que más necesidad tiene y viven en edificios que no cumplen con ningún estándar de habitabilidad en general”. No faltan, razonan, ejemplos exitosos en los que la rehabilitación se ha implantado como política social. Uno de ellos “es el programa Madrid Recupera (MAD-RE) del Ayuntamiento de Madrid, que se ha desarrollado a través del trabajo del ayuntamiento de Madrid con más de 40 entidades de diferentes sectores, tal como los grupos profesionales, la administración, la sociedad civil y las entidades financieras.

WWF también ha participado en esta mesa de trabajo que ha contribuido a la definición de áreas prioritarias de rehabilitación energética y regeneración urbana en Madrid según criterios socioeconómicos, como el valor catastral de las viviendas, la edad de la edificación, el porcentaje de ciudadanos con estudios, el porcentaje de población envejecida y donde este año (2017), se ha añadido el criterio de la renta de los vecinos y las vecinas.

Asimismo, las subvenciones se han segregado para dar respuestas a diferentes necesidades sociales. En 2017 la subvención total puede llegar al 90% si el ingreso por unidad familiar es menor de 350€. Las intervenciones subvencionables son la mejora de la accesibilidad, la mejora de la eficiencia energética con énfasis a la mejora de la envolvente térmica, la conservación del edificio, pero también gastos como los honorarios o el ICIO.

Además, las subvenciones del ayuntamiento son compatibles con otras subvenciones para la rehabilitación energética, como las que precisa IDAE. Las solicitudes recibidas durante el 2016 eran 1.475 que corresponden a 24.500 viviendas, el 83% de estas en áreas prioritarias.

La inversión pública ha ascendido de 9M€ en 2009 a 24M€ en 2016 y a 50M€ previstas para el año 2017, mientras se generaron según el Ayuntamiento unos 4.500 puestos de trabajo”. Se puede entender, por tanto, que la rehabilitación como política social no solo es una cuestión de urgencia para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, sino también un vehículo para crear empleo sostenible a largo plazo y generar un parque edificado bajo en carbono y de mayor resiliencia frente los retos climáticos que cada vez son más visibles en España.